Los crímenes de odio contra personas LGBT+ en México

Notas sin Pauta:

Hoy, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad. En eso como en otros prejuicios, es posible observar el anclaje de prácticas discriminatorias y violaciones de derechos humanos de las personas LGBT+ cuya peor expresión es el crimen de odio.

Un informe realizado por el Observatorio de Crímenes de Odio contra la población LGBT, nos coloca frente a un fenómeno doloroso en México: sólo en 10 estados de la república, en el último año se cometieron 209 asesinatos de ese tipo. 

Hoy, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homolesbitransfobia, hemos querido contribuir a visibilizar precisamente la gravedad del problema, reproduciéndolo íntegramente. Agradeciendo al Observatorio su autorización para difundirlo. Queda a disposición de todas y todos, el sitio de Fundación Arcoíris

Observatorio de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT

Informe 2020

Síntesis

En México, desde hace más de una década, vivimos en un contexto de violencia generalizada en el cual ciertos grupos o sectores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por la discriminación que enfrentan y que atenta contra sus derechos humanos. Así, la expresión más brutal de violencia contra la población LGBT son los crímenes de odio. El asesinato de personas por su orientación sexual, expresión e identidad de género refleja odio y un atentado a la libertad de ser; odio que posiblemente esté arraigado en ideas fundamentalistas y/o hegemónicas de la sexualidad.

En 2018, varias organizaciones LGBT de México realizamos las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), recomendara al gobierno mexicano llevar un detallado registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBT en nuestro país. A pesar de los señalamientos que el gobierno ha enfrentado en distintos foros, no se ha logrado tener un registro oficial, quedando en manos de las organizaciones sociales la denuncia y la documentación. El registro más antiguo surge a inicios de la década de los 90s, basado en un análisis hemerográfico, que enfrenta al menos dos problemas: 1) no todos los casos son registrados por los medios; 2) el registro no necesariamente es adecuado. No es inusual que se desacredite no solo el hecho, sino muchas veces también a la persona, guardando una grave condición de impunidad que favorece la repetición de los hechos y lesiona la identidad y lugar social de las personas LGBT.

Así pues, los datos son insuficientes para conocer la magnitud del problema, por lo que en 2019 decidimos impulsar la creación del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT con la participación de organizaciones locales en distintos Estados del país, con el fin de dar respuesta a los vacíos en los registros de estos crímenes. El objetivo del Observatorio es documentar casos de crímenes de odio contra personas LGBT, para contar con información sistematizada y desagregada, y visibilizar la impunidad que en estos casos enfrentan las personas LGBT, sus familiares y amistades. Así mismo, se busca incidir en la atención y seguimiento de los casos, y en el impulso de políticas públicas que den respuesta a dicha problemática. En otras palabras, el Observatorio cuenta con tres líneas de acción que buscan atacar el problema: el registro de casos para su reconocimiento formal; la capacitación a medios de comunicación para el manejo preciso y adecuado de la información; y la incidencia política para reducir la cantidad de casos y la impunidad.

En su primera fase, el Observatorio se ha iniciado con organizaciones, colectivos y redes LGBT de 10 Estados de la República: Baja California, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Confiamos en breve ampliar la cobertura para contar con un Informe Nacional.

Número de casos

Para el registro de casos de crímenes de odio contra personas LGBT contamos con una plataforma que se encuentra en el sitio web del Observatorio y que permite el almacenamiento, sistematización y exposición de la información. El registro va desde 2014 a la fecha y se mantiene al día con los incesantes asesinatos (aún durante el confinamiento por la pandemia).

El estado que más registra casos es Veracruz, como se muestra en la siguiente tabla:

De los casos registrados, destaca el número de casos de asesinato contra personas trans que, en todos los años, ocupan el primer lugar. La segunda población más afectada son los hombres gays. En cuanto a la edad, no hay momento de nuestra vida que estemos exentas/os de peligro: la víctima más joven tenía entre 5 y 9 años y la mayor 69. Aunque un gran porcentaje (30.1%) son adultos jóvenes (entre los 20 y los 30 años) y la mayoría no pasa de los 40 años, muy lejos de la expectativa de vida del país.

Las principales causas de muerte son impactos de bala y arma blanca. Le siguen la golpiza y la asfixia, tal como se ve en el siguiente gráfico.

De la totalidad de casos, se desconoce si hay alguna persona detenida en el 40.7%; del 59.3% restante, solo en un 31.5% hay alguien detenido, mientras que en un 68.5% nadie ha sido arrestado por el crimen. Estos porcentajes revelan el grado de impunidad que impera en estos casos.

Es importante considerar que, a pesar de los esfuerzos de recolección de información de las organizaciones participantes en el Observatorio, siempre habrá casos de los que desconocemos su existencia. Se calcula que, por cada caso visible, hay al menos 3 casos invisibilizados. Igualmente, es necesario mencionar que en los años recientes hemos incorporado el criterio de desaparecidos, en virtud de su incremento en la población del país.

Participación de los medios de comunicación

El trabajo de capacitación y sensibilización a medios de comunicación juega también un lugar importante en el trabajo del Observatorio, en virtud del papel que los medios tienen en la definición cultural de una sociedad. En los casos de crímenes de odio son fundamentales para que la dignidad de la persona LGBT asesinada sea respetada y para visibilizar esta problemática de manera responsable. La capacitación y sensibilización se realiza por medio de talleres, conferencias o mesas de trabajo con los medios de comunicación en cada uno de los Estados. Nos interesa, sobre todo, sensibilizar en cuanto al lenguaje utilizado en la elaboración de notas periodísticas sobre los casos de crímenes de odio contra personas LGBT, respetando la orientación sexual e identidad de género, así como las imágenes que forman parte de las notas. En ese sentido, se podría decir que estas capacitaciones buscan contribuir a que se redacten notas que no perpetúen estereotipos, la discriminación y los discursos de odio contra las personas LGBT.

A lo largo del año 2019, se realizaron 20 talleres, conferencias o mesas de trabajo en las cuales se proporcionó capacitación sobre buenas prácticas en los medios de comunicación en torno a notas sobre la población LGBT y los crímenes contra ésta a un aproximado de 325 personas: 15 en Baja California (en las ciudades de Tijuana y Ensenada), 28 en Chihuahua (Ciudad Juárez y Tijuana), 107 en Coahuila (Saltillo, Monclova y Cd. Acuña), 15 en Chilpancingo Guerrero, 39 en Jalisco (Guadalajara y Puerto Vallarta), 73 en Morelia Michoacán, 13 en Monterrey Nuevo León, 18 en la capital de Puebla y 17 en Veracruz, Veracruz. A estos talleres asistieron principalmente periodistas, reporteras/os y otras/os miembros del gremio; sin embargo, también se invitó a organizaciones aliadas, a representantes de instituciones y dependencias gubernamentales, a universidades y otras/os actores estratégicos. Muchas de estas capacitaciones se dieron en coordinación con otras organizaciones o instancias; quisiéramos agradecerles su colaboración, así como la de quienes nos facilitaron el uso de sus instalaciones para estas actividades.

Entre los logros principales de estas capacitaciones podemos enlistar los siguientes:

• Adquisición de conocimientos y concientización sobre sexualidad y sus distintas expresiones, así como el uso adecuado de los conceptos y términos para referirse a las personas LGBT.
• Redacción de notas que involucren a personas LGBT de forma respetuosa, sin amarillismo, eliminando sesgos homófobicos y usando los términos y conceptos adecuados.
• Análisis de notas sobre crímenes de odio para identificar buenas y malas prácticas periodísticas, para informar mejor y sobre todo para salvaguardar los derechos de las víctimas.
• Fomentar el interés de las y los periodistas para visibilizar crímenes de odio.
• Establecer el antecedente y el contacto con el gremio (redes, directoras/es y miembros) para las próximas capacitaciones a medios de comunicación donde se dé seguimiento y se refuercen los conocimientos sobre diversidad sexual.
• Posibilidad de incluir el enfoque de género y el contenido sobre la población LGBT en la formación de las y los estudiantes de algunas universidades, lo cual aumenta la probabilidad de que se cuente con profesionales de la comunicación informados, sensibilizados y capacitados para sumarse a la causa desde sus espacios de trabajo.
• Capacitación a dependencias gubernamentales con el fin de que también hagan uso de un lenguaje respetuoso y libre de perjuicios.
• Vinculación con diputadas/os federales y estatales y otras/os actores estratégicos que pueda favorecer el ejercicio de incidencia política.

Aún con estos valiosos logros, vale la pena mencionar que algunas capacitaciones no pudieron llevarse a cabo por el clima de violencia en el que vivimos. También, hubo sesiones con muy poca asistencia por parte de los medios, e incluso reticencia de algunos medios de comunicación (sobre todo impresos); lo cual podemos suponer que se debe a que los crímenes de odio contra personas LGBT y su debida cobertura no ocupan un lugar importante en las líneas editoriales. Las actividades de seguimiento a los talleres se han tenido que postergar por la pandemia del Covid-19.

Incidencia política

Es evidente que los avances en materia legal a favor de los derechos de las personas LGBT, producto de los trabajos titánicos del movimiento LGBT en distintas partes del país, no han logrado eliminar la violencia contra personas LGBT e incluso han provocado reacción por parte de grupos fundamentalistas y de ultraderecha que ejercen acciones de discriminación y violencia homo-, bi-, lesbo- y transfóbica. Incluso en los estados donde ya están tipificados los crímenes de odio contra personas LGBT y se han hecho las reformas correspondientes al Código Penal, siguen acumulándose casos de impunidad, haciendo evidente la apatía y falta de interés para investigar, procesar y dar resolución a estos casos. Es de resaltar también el deterioro a la credibilidad de instituciones públicas y al sistema de justicia en general, así como la escasa cultura de denuncia que deja en la invisibilidad e impunidad a muchos crímenes.

Sabemos que la labor de incidencia política se realiza diariamente y que tiene muchas aristas. Como parte de las actividades del Observatorio, se elaboró un plan estratégico de incidencia política a nivel local y se llevaron a cabo reuniones con actores políticas/os. En algunos Estados, la primera estrategia empleada fue solicitar información sobre los casos de crímenes de odio contra LGBT a la Fiscalía General por medio de la Plataforma de Transparencia. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta satisfactoria argumentando que en el sistema no se cuenta con la información necesaria para identificar si el homicidio correspondía a una persona LGBT (evidenciando una vez más la carencia de registro). Mayores indagaciones sobre los casos de los que se tenía conocimiento obtuvieron siempre la misma respuesta: “en caso de que existiera una noticia criminal, denuncia o querella relacionada con [dicho homicidio], la misma información tendría la clasificación de reservada”.

Otra dificultad con las que nos hemos enfrentado es la falta de respuesta por parte de las autoridades. De igual forma, hemos tenido que lidiar con cambios de gobierno (estatal y municipal) y reestructuración interna de las Fiscalía en los Estados. También han influido factores personales/humanos como problemas de salud y el lamentable fallecimiento de miembros del equipo. Más recientemente, la contingencia por Covid-19 ha suspendido o pospuesto actividades que se tenían planeadas en esta cuestión.

A pesar de estas limitantes, se llevaron a cabo varias reuniones con el objetivo de establecer vínculos con instancias gubernamentales para el impulso de los derechos LGBT, registro adecuado y seguimiento de los casos de crímenes de odio. En resumen, al menos una actividad de incidencia política se llevó a cabo en CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Puebla: En CDMX se abordó principalmente el tema de violaciones de Derechos Humanos de las personas trans. En Coahuila se han realizado diversas actividades para dar seguimiento a la propuesta de ley para tipificar los crímenes de odio y para presentar la situación sobre estos crímenes en el estado. En Jalisco las reuniones han sido con la FGE, con Seguridad Pública, con la CEDH, con la presidencia municipal y con diputadas y diputados del Congreso del Estado. En Michoacán tuvieron lugar 6 reuniones en la FGE; en este estado ya está instaurada le mesa interinstitucional de incidencia política y se ha iniciado con la revisión de carpetas de investigación. En Nuevo León ya está en marcha la gestión para la instauración de una mesa de trabajo con CEDHNL y FGE, así como la gestión para firmar un convenio entre las organizaciones del Observatorio y la FGE para dar seguimiento a los casos. En Puebla se organizó un foro en el H. Congreso del Estado sobre Discriminación, violencia y crímenes de odio contra la población LGBTTTI+.

Cabe destacar la disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, para llevar a los Estados el compromiso de impulsar un registro adecuado de los casos de crímenes contra personas LGBT, pero habremos de insistir en el establecimiento de Mesas Interinstitucionales con las instancias de seguridad y derechos humanos, para que esto sea una realidad en todo el país.

Conclusiones y perspectivas

Los crímenes de odio contra personas LGBT son una realidad en nuestro país. La colocación de México como el segundo país con este tipo de crímenes no está lejos de la realidad, pero desafortunadamente no contamos con la evidencia que nos permita afirmarlo o refutarlo. La instalación de un Observatorio Nacional de Crímenes de odio contra personas LGBT, conformado por organizaciones locales de los Estados que conforman el país, posibilitaría contar con datos fehacientes para dar seguimiento a los casos y exigir su adecuada investigación y sanción que garantice el acceso a la justicia para las personas LGBT. Mientras tanto, pareciera que los índices no solo no se abaten, sino que siguen aumentando.

La participación activa de los medios de comunicación con un registro adecuado de los hechos es fundamental para la eliminación de los estigmas y prejuicios que penden sobre las espaldas de la población LGBT. Nuestra sociedad necesita de narrativas que contribuyan a impulsar el respeto y el reconocimiento de nuestra amplia diversidad para conformar un tejido armonioso que dé cabida a cada una de las personas que la conforman en plena libertad. Esto no será posible sin la participación activa y coordinada entre defensores de derechos y profesionales y directivos de los medios, que apoyados con instancias como la academia den curso a otras miradas y expresiones en los medios de comunicación.

El gobierno de México tiene un compromiso para responder puntualmente en la próxima Evaluación de su ejercicio de Derechos Humanos para dar cumplimiento a las recomendaciones que le han sido planteadas, para que los casos de homicidio contra personas LGBT sean debidamente documentados e investigados que permitan acabar con la impunidad y la reafirmación de estas acciones. La instalación de Mesas Interinstitucionales constituirá un mecanismo donde las instancias de justicia y derechos humanos, junto con defensores de derechos, definan las mejores estrategias para acabar con la impunidad y estas nocivas prácticas.

Igualmente, consideramos que, mientras la población LGBT no forme parte del Plan Nacional de Desarrollo -inclusión que está también entre las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos- que oriente las acciones que las instancias gubernamentales habrán de emprender para la garantía de los derechos de este sector de la población, el cambio cultural que necesitamos para su respeto y dignificación no será posible. Urge formar parte de la política pública.

Confiamos en que en un futuro cercano el Observatorio cuente con organizaciones de todos los Estados para que juntos podamos dar cuenta, seguimiento y monitoreo de las acciones que se emprendan para acabar con los crímenes de odio contra personas LGBT y avanzar con la protección de los derechos humanos para todas las personas.