La violencia y López Obrador


Fernando Montiel T. / @FMontielT

Críticos y simpatizantes señalan, por diferentes motivos, que el gobierno de López Obrador no ha hecho bien las cosas en materia de seguridad. Por una parte, están los críticos que recriminaron cuando la detención de Ovidio Guzmán por ceder ante el cártel de Sinaloa; en esa misma trinchera están los adversarios que le reprochan la frase con la que sintetizó su estrategia de seguridad: «Abrazos y no balazos»; y por otra parte, de entre las filas de sus simpatizantes hay muchos que exigen cabezas en el cadalso: García Luna, Calderón, Peña Nieto, incluso, Manuel Bartlett.

En los tres casos el presidente ha ofrecido explicaciones y hasta el momento en ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento de lo dicho y de lo hecho. Y así llegan nuevos retos tanto fuera como dentro del país: Donald Trump y el reto diplomático en el frente externo, y al mismo tiempo, en el frente interno, los gobernadores opositores de Jalisco y Guanajuato. ¿Y su respuesta? No confrontó: ni al primero ni al segundo ni al tercero. Y entonces parece dibujarse un patrón: escucha el reclamo -si lo hay- da una respuesta y sigue adelante sin detenerse a convencer. Seguramente sabe lo que hace, después de todo -tal y como le reconocen amigos y adversarios- es por mucho, el mejor comunicador político del país.

¿Pero que no esta aparente aversión al choque y al enfrentamiento contrasta con lo que sabemos del político cuya carrera a la presidencia comenzó sin duda el día que apareció en la portada de la revista Proceso con la frente ensangrentada tras la represión por la toma de pozos petroleros en su natal Tabasco? ¿Qué no esta actitud -que dirían algunos, es conciliadora hasta la insensatez- rompe con el hombre de los pronunciamientos enfáticos y polarizantes de «conmigo o contra mí»? Sí, si contrasta, y pareciera demostrar que el rijoso de la historia no lo es más y que su comunicación es más compleja de lo que aparenta: polariza, descalifica, se burla, pero no ataca.

¿No ataca? No, no ataca.

En el terreno de los usos legítimos de la violencia por parte del estado, el presidente bien podría haber retenido a Ovidio Guzmán -literalmente a sangre y fuego- y sin importar que masacraran a las familias que el cártel de Sinaloa tenía de rehén, no lo hizo; con razón podría haber ordenado la detención del periodista Javier Alatorre por poner en riesgo la seguridad nacional durante la crisis sanitaria y retirar la concesión a Televisión Azteca por su irresponsabilidad, no lo hizo; y sin duda podría ordenar la detención de Gilberto Lozano bajo el cargo de amenazas contra comunicadores e incluso acusado de terrorismo. Tampoco ocurrió.

¿Y qué hay de la violencia ilegítima? ¿es cierto que el presidente no ataca? Sí, es cierto, no ataca y eso es claro de acuerdo con los estándares locales de lo que se considera un ataque: siendo joven un amigo mío fue detenido por la Dirección Federal de Seguridad fue llevado al Campo Militar No. 1 y fue torturado: le arrancaron todos los dientes, le reventaron los oídos y lo rompieron una pierna. Sobrevivió y en cuanto fue puesto en libertad huyó a Colombia. Hasta allá lo fueron a perseguir y a detener. Gracias a la intervención de un diplomático -que se cruzó con él cuando lo traían de vuelta (“Embajador ayúdeme, si me regresan me matan…”)- consiguió escapar a sus captores. El diplomático lo protegió y le consiguió un vuelo a Marruecos donde tuvo que permanecer hasta el fin del sexenio. ¿Por qué toda la desgracia? Porque lo acusaron de arrojar una piedra al presidente Echeverría en su visita a la UNAM en 1975.

¿No ataca? No, no ataca, y la afirmación se sostiene de acuerdo con los estándares locales de lo que se considera un ataque: Julio Scherer en Excélsior en 1976 y Manuel Becerra Acosta en Unomásuno en 1989 pueden dar fe de lo que es un ataque y la presión desde el poder.

¿No ataca? No, es muy claro: no ataca de acuerdo con los estándares locales de lo que se considera un ataque: en el sexenio 1988-1994 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari registró no menos de 500 asesinatos políticos tan sólo en las filas del PRD. A dos años de gobierno -si esta violencia política es la medida de las cosas- deberían de haber más de 160 asesinatos políticos en las filas del PAN directamente vinculadas con su oposición al régimen. No los hay.

De cara a la violencia, en términos de ciencia política Andrés Manuel López Obrador no es un hombre rojo sino rosado: no es un revolucionario sino un reformista; y ciertamente tampoco es un hombre de derecha: desde hace años, su discurso cotidiano se construye en contra de la violencia incrustada en la arquitectura social: la desigualdad, la pobreza, el clasismo, el racismo, la exclusión, la falta de oportunidades y los regímenes de privilegios. Dicho de otro modo y en el léxico de la investigación para la paz, el presidente de México repudia por igual la violencia directa que la violencia estructural, y al hacerlo, disgusta con ello y respectivamente a los radicales de izquierda y de derecha.

En lo que toca a la violencia el presidente López Obrador parece escapar a las categorías acostumbradas: pese a que ocupa y se apoya en sus agentes, en realidad no hace un uso extensivo ni invita al uso de la violencia por parte del Estado. Sencillamente pareciera intentar, en la medida de lo posible, evitar el recurso de la violencia, así sea legítima e incluso y con frecuencia, en contra de sus propios intereses.

Mientras tanto una de las figuras más visibles de la oposición habla de cómo tiene a un grupo de 28 desahuciados bajo su mando dispuestos a hacerse explotar en el Congreso de la Unión si tan sólo se les proporciona el explosivo.

Lo dice muy tranquilo, después de todo, él, los suyos y el resto de la oposición saben que en este gobierno nadie los va a llevar al Campo Militar No. 1.