Ayotzinapa

Pido la palabra

Involucramientos y diversidades

Por Vica Rule

2014 fue un año axial: los hechos trágicos de la noche de Iguala, Guerrero significaron un corte histórico, un verdadero parteaguas en la historia moderna de México; hay un antes y un después de Ayotzinapa, por el surgimiento de un quiebre en el consenso pasivo de la sociedad mexicana, por la aparición de una actitud más crítica y una demanda más exacerbada de justicia.  La magnitud de las protestas en la ciudad de México, en el interior del país y, de manera sorpresiva, en el extranjero; en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Nueva York, en Suiza, en Italia y otros países latinoamericanos o europeos. Los sujetos de esas protestas y manifestaciones fueron múltiples y heterogéneos como las sociedades mismas: estudiantes de escuelas públicas y privadas, trabajadores de grandes y pequeños sindicatos, jóvenes y adultos mayores, académicos, amas de casa, artistas locales, nacionales e internacionales entre muchos otros manifestaron su indignación por ese  delito de lesa humanidad.El horror de la violencia en nuestro país despertó una conciencia de indignación global  y de críticas hacia el gobierno mexicano y al ex presidente Enrique Peña Nieto. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos mejor conocida como Ayotzinapa en el municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero y los asesinatos ocurridos esa noche implicaron a distintos elementos del Estado mexicano. 

Fue el Estado

La opinión pública nacional e internacional desde el principio hablo y califico los sucesos de esa noche, desde una inteligencia colectiva y del reconocimiento del tamaño de la corrupción del sistema político mexicano, como un crimen de Estado. Un sentido común compartido, una misma lectura colectiva de los acontecimientos se condenso en esa frase. En tiempo real, en un mundo digitalizado por completo, el Estado mexicano desapareció esa noche del 26 de septiembre a 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los acontecimientos en el municipio de Iguala, Guerrero, la desaparición forzada y el crimen de lesa humanidad produjeron, en la sociedad mexicana, no el miedo, ni la indiferencia tradicional, esperado por parte de las autoridades, sino un malestar ético, una indignación creciente, un hartazgo acumulado de parte de la sociedad mexicana. 

En el 2014 se colmó y colapso el consenso pasivo tradicional en México, los agravios individuales encontraron una dimensión social e histórica; las luchas particulares su pertinencia más amplia y colectiva. La consigna repetida de las madres y padres de los 43 de “ni una lucha aislada más” fue sintomática y representativa de esa cadena de vinculaciones en un país de una pobreza generalizada, de miles de desaparecidos, de una incrementación vergonzante de la estadística del feminicidio, de la trata de blanca y el tráfico de inmigrantes. La causa por Ayotzinapa represento esa multiplicidad de agravios acumulados.  

El escenario de violencia y horror en el que se convirtió la actualidad histórica de nuestro país realizó un efecto de convergencia y estableció una suma de indignaciones del pueblo de México. De esa cadena de vinculaciones sociales nacen las protestas masivas de aquel noviembre del 2014 y una de las consignas centrales con variantes fue la frase, la vox populi, el sentido común compartido: “Fue el Estado” o “ha muerto el Estado”.

¿De la “verdad histórica” a una “verdad a medias”?

El 27 de enero del 2015 en conferencia de prensa el ex Procurador General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam y, el entonces, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la misma institución, Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia mexicana, dieron por concluida su propia investigación de los hechos y concluyeron con frase lapidaria su “Verdad histórica”. Pero, a excepción de la prensa oficial, del aparato mediático de Estado y de sus voceros tradicionales nadie creyó en el teatro político montado por  Murillo Karam. 

La verdad histórica desde un principio nació muerta de credibilidad, de  verosimilitud y de un carácter necesariamente fáctico. En todo caso fue la construcción de una “verdad anticientífica” como lo mostró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); un incendio en plena lluvia que nunca ocurrió, una incineración siempre inexplicable que construyo la narrativa oficial de la confusión entre los grupos delincuenciales locales y exoneraba de toda responsabilidad a otros elementos del Estado mexicano involucrados en los hechos. 

El síndrome de la “Carta robada”

Esa narrativa de ficción nunca tuvo credibilidad y siempre fue desmentida por los propios expertos del GIEI, por el relator de Derechos humanos Juan Méndez  de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), por la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales, por eso cuando el actual, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Alejandro Gertz Manero anuncia, más de cinco años después del carpetazo de Murillo Karam, con otra fase lapidaria: “se cayó la verdad histórica” hay, por lo menos, un abuso del lenguaje comunicacional por parte de las nuevas autoridades que investigan el caso. 

Los dos enunciados: por un lado, “La verdad histórica” y su correlato “La caída de la verdad histórica” parten de una misma lógica narrativa, conceptual, lingüística y de significación de los hechos. La construcción mental, jurídica y política es semejante. En lenguaje coloquial pasamos de la lógica del “Cepillo”, “El Pato” y el “Chereje”  a la lógica del “Mohombo”. Es decir, reducir la investigación de los hechos al nivel de lo operativo e instrumental con las premisas de interpretación que ya son conocidas y que mantienen intocables a otros responsables de mayor nivel político.

Esa narrativa ficcional es una búsqueda de la “verdad” a partir de una lógica parcial y limitada de los hechos que podríamos llamar de la “Carta robada” como el cuento clásico del Edgar Allan Poe, donde lo evidente se vuelve confuso e invisible. Esa lógica es una contradicción indisoluble, una paradoja que no puede resolverse en el entendido de que no se puede combatir a los responsables del caso Ayotzinapa limitando la búsqueda de la verdad reducida a los ejecutores materiales de los hechos, al mismo tiempo que se exonera y se hace intocables a los responsables intelectuales y políticos. 

Limitar las indagatorias a la teoría de la confusión entre grupos locales delincuenciales y alimentar el misterio de los hechos sólo en ese sentido, es descartar la hipótesis contraria de la desaparición forzada de Estado. Por eso la supuesta “verdad histórica” alimento y se benefició de ese efecto de la Carta robada, para construir una cortina de humo y confusión que le quitara importancia a la rendición de cuentas y al deslinde de responsabilidades de las instituciones involucradas.  

Varias investigaciones periodísticas pormenorizadas han visualizado la participación y el encubrimiento de lo sucedido en la noche trágica de Iguala por parte de elementos del 27 batallón del ejército mexicano, de elementos de la Marina, de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Ministerial y ha sido público el encubrimiento y las irregularidades de los mismos Tomas Zerón de Lucio, Jesús Murillo karam y el ex presidente Enrique Peña Nieto. 

La rendición de cuentas y la comparecencia de estos ex funcionarios sería un verdadero avance en la aspiración nacional de una verdad integral de los hechos y por una justicia anhelada por parte de la mayoría de los mexicanos. Por eso es necesario ofrecer mayores avances en la investigación a partir no de una lógica regional, municipal y parcial de los hechos, sino de una interpretación integral y contextual de lo sucedido aquella noche. 

Establecer una ruptura con el síndrome de la Carta robada y con la construcción de pantallas de humo o artilugios como la “verdad histórica” o la “caída de la verdad histórica”. La sociedad mexicana está preparada para ello, el sentido implícito del voto en la última elección presidencial contiene, entre otras cosas, la demanda de justicia y de un esclarecimiento completo del caso Ayotzinapa. La disyuntiva está clara: limpiar y reconstruir el Estado con la presión y el papel activo de una sociedad mexicana organizada y exigente o avanzar hacia a un abismo histórico y político.   A días del 6 aniversario de Ayotzinapa la falta de un esclarecimiento cabal de los hechos podría significar una regresión o una vuelta persistente al pasado.