DE UN MUNDO RARO
Twitter: @miguelisidro
El próximo 30 de septiembre se cumplirá el primer aniversario del cierre de uno de los centros penitenciarios más conflictivos del México moderno: el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León.
La decisión de su cierre fue tomada por iniciativa del gobernador de aquella entidad Jaime Rodríguez Calderón, con la finalidad de cortar de tajo con una serie de deficiencias operativas que impedían a las autoridades el formal control del reclusorio.
Autogobierno, sobrepoblación y reiterados brotes de violencia marcaron el final de una funesta historia que se escribió durante los 76 años en que dicho edificio funcionó como cárcel.
Topo Chico es el claro ejemplo del fracaso mexicano en materia de readaptación social. Ante la falta de control oficial, el reclusorio se consolidó como un auténtico templo del hampa: extorsiones y abusos hacia los reclusos por parte de dos bandos del crimen organizado que se hicieron del control interno (Los Zetas y el Cártel del Golfo) en complicidad con autoridades penitenciarias y celadores; prostitución, tráfico de drogas, ejecuciones sumarias (tanto de internos como de funcionarios), y ya en el colmo de la desfachatez, juegos de azar y un auténtico centro nocturno “VIP” operando al interior del penal.
En 2016, la orgía de excesos e ilegalidad imperante al interior del penal de Topo Chico giró su más sangrienta factura: un violento enfrentamiento entre integrantes del Cartel de Golfo y Lo Zetas arrojó un saldo de 49 reclusos muertos y 12 heridos. La reyerta fue una auténtica carnicería, con docenas de reos acuchillados y otros tantos calcinados, luego de que el grupo rival prendiera fuego a uno de las secciones del penal y bloqueara la salida de sus oponentes, que perecieron entre las llamas.
Tras la intervención del gobierno estatal, la población penitenciaria fue segmentada y trasladada a los penales de Cadereyta y Apodaca. Según la prensa local, más que resolver la crisis, sólo se remitió el cáncer a otros escenarios.
El caso de Topo Chico es el doloroso espejo en el que se refleja el fracaso de la política securitaria del gobierno mexicano en el último siglo. De nada sirve “echarle el guante” a los delincuentes, si se les recluye en espacios carentes de autoridad, donde lejos de readaptarse, se enfrentan a nuevas formas delictivas.
Constituye un lugar común definir a las cárceles mexicanas como “universidades del crimen”. En términos prácticos ésa es su realidad: espacios donde la dignidad humana se pisotea sin piedad y todo, absolutamente todo es motivo de comercio: un dormitorio, la fajina, la alimentación, la visita familiar, la visita conyugal y hasta la misma posibilidad de respirar.
Antes de pensar en espectaculares golpes al crimen organizado; de una mal llamada “guerra contra el narco” o de la “pacificación” del territorio nacional, el gobierno federal debería trabajar con mayor seriedad y profesionalismo en una profunda reestructuración del sistema penitenciario, que permita retomar en términos reales el control de las cárceles —si es que alguna vez el gobierno lo tuvo— y evitar que desde las entrañas de los reclusorios se continúen multiplicando la extorsión, el tráfico de drogas o personas, así como otras tantas conductas antisociales que siguen teniendo sus reales tras los muros de los presidios a lo largo y ancho del país.
Veámoslo de ésta manera: de nada servirá que el actual gobierno o cualquiera que venga en el futuro pudiera tener la capacidad de llevar a buen recaudo a todos los “malos de Malolandia”… si a éstos personajes se les permite seguir operando a trasmano desde cualquier de las cárceles del país, a ciencia y conciencia de las autoridades.
Salvo casos excepcionales, la realidad es que las cárceles mexicanas no readaptan ni contribuyen de manera importante a la reinserción social de quienes han incurrido en conductas delictivas, principalmente en el caso de los llamados “delitos de alto impacto”.
Obviamente el caso de Topo Chico no es excepcional. Miles de historias escritas al interior de las cárceles de nuestro país conforman la crónica del México negro: desde las torturas en el ex penal de Lecumberri, los casos de extorsión y venta de drogas en los reclusorios de la Ciudad de México; los casos de corrupción y las severas fallas en los llamados penales de “alta seguridad” como Altiplano y Puente Grande; o las fugas masivas de reos de cárceles de Coahuila, Zacatecas y sobre todo Tamaulipas, que tuvieron lugar durante el gobierno de Felipe Calderón son sólo algunos de los muchos casos que han trascendido y escandalizado a la sociedad mexicana, pero que lamentablemente, poco han impactado en la construcción de un modelo penitenciario que realmente promueva la readaptación social.
Con gran preocupación vemos que dentro de la “estrategia” de seguridad de la presente administración federal no se contempla ningún plan concreto en materia de reestructuración del sistema penal. Y ni qué decir de los legisladores, que parecen más ocupados en atender lo urgente que en resolver lo importante.
Mientras éste estado de cosas persista, seguirán teniendo terrible vigencia aquellos versos de Roque Dalton que estaban escritos en una celda de la Crujía Número 8 de Lecumberri:
“En ésta cárcel maldita
donde reina la tristeza,
no se castiga el delito:
Se castiga la pobreza”.
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