4T Corrupción criminal

Por: Ernesto Palma F.

Para quienes todavía creen que el gobierno de López Obrador es honesto y encabeza la lucha contra la corrupción, deberían asomarse a dos casos emblemáticos de la actuación criminal de la 4T, en medio de la peor crisis que ha enfrentado nuestro país en toda su historia. 

Primero: en el 2020 el gobierno federal “clasificó” el gasto de 50, 822  millones de pesos como “otras contrataciones”, sin especificar en qué se gastaron. En 2019, este rubro de “gastos varios” ascendió a 24 mil millones de pesos. Para ilustrar la dimensión del atraco morenista, baste decir que durante los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto, 2017 y 2018, esta cifras alcanzaron –por el mismo concepto- 152.4 y 161.3 millones, respectivamente.

Los 50 mil millones de pesos -no aclarados- del gasto federal  en 2020, alcanzarían para cubrir la compra de todas las vacunas. La cifra supera los 40 mil millones destinados para la reconversión de los hospitales, con motivo de la pandemia. Ante los cuestionamientos sobre este reporte, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, habilitada como marioneta oficial en las mañaneras, sólo atinó a decir que el gobierno de López Obrador es “el más transparente”. Entonces, quién explicará ¿en qué se gastaron esa cantidad de dinero, en momentos en los que más se resienten los efectos sanitarios y económicos de la pandemia?

¿Cuántas vidas de los 375 mil mexicanos muertos a causa del Covid, pudieron salvarse con esos casi 80 mil millones de pesos utilizados en “gastos varios” por el gobierno de AMLO?

¿Cuántos empleos pudieron salvarse si ese dinero se hubiese aplicado en el apoyo de negocios y pequeñas empresas que cerraron con motivo de la pandemia?

Segundo: En Estados Unidos la FDA es la máxima autoridad científica para aprobar y rechazar la salida de un medicamento al público y hace muchos meses que dio luz verde al Remdesivir para cierto tipo de pacientes en estado grave por el Covid.

En México, el subsecretario Hugo López-Gatell informó en octubre que Cofepris había rechazado, en dos ocasiones, la autorización del medicamento porque “la evidencia no sugiere una utilidad suficiente”. Sin embargo, fue autorizado el medicamento llamado Remivir, que es genérico del Remdesivir.

El Remivir es fabricado en los laboratorios de Bangladesh. En un hospital de EUA la dosis de Remdesivir puede llegar a costar mil 800 dólares. Es decir, unos 38 mil pesos y en México, la dosis de Remivir tiene un costo de 329 mil pesos. Esto es, casi nueve veces más que el Remdesivir que se aplica en hospitales de Estados Unidos. 

¿Cómo es posible que el genérico Remivir, cueste ocho, nueve o diez veces más que el original?

Es posible porque las autoridades sanitarias ‘limpiaron’ el mercado y sin competencia Remivir se vende al precio que quieran.

¿Por qué se negó la entrada a México del Remdesivir aprobado por la FDA, y se puede comprar el genérico pero diez veces más caro? 

¿Cuántos miles de mexicanos han fallecido porque su familiares no pudieron disponer de 329 mil pesos para pagar un frasco de la medicina de Bangladesh (se necesitan cuando menos dos)?

Esto es un indicio clarísimo de la corrupción criminal que encubre la 4T, aunque la trama no termina en el manejo mafioso de uno de los medicamentos más necesarios para salvar vidas en esta pandemia: 

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Pablo Hiriart (El financiero, 11 de enero del 2021) Remdesivir lo fabrica el laboratorio farmacéutico Gilead Sciences, donde tienen fuerte presencia dos prominentes políticos estadounidenses: Dick Cheney y Donald Rumsfeld.

Cheney fue secretario de la Defensa en el gobierno de George Bush padre, y después asumió la presidencia de la junta directiva de Gilead Sciences. Dejó de ser el CEO de la farmacéutica para volver a la política y ser vicepresidente de Estados Unidos con George W. Bush. Rumsfeld, por su parte, fue secretario de Defensa en la administración de George W. Bush, y también se desempeñó como CEO de Gilead Sciences.

Cheney y Rumsfeld son dos exsecretarios republicanos, que tiene en común haber sido considerados  adversarios de Donald Trump. Ambos firmaron un artículo (junto con los ocho extitulares de Defensa de este país que aún viven), en que advirtieron de las intenciones de Trump de usar a las Fuerzas Armadas en su asalto al poder.

Como ya es del conocimiento del mundo, el gobierno de AMLO no condenó el asalto al Capitolio en el frustrado intento de autogolpe del presidente Trump. Y sí condenó que lo sacaran de Twitter y Facebook por incitar a la sedición y a la ruptura de la legalidad, exhibiendo así,  la abyecta sumisión de AMLO a Donald Trump.

Cuando la farmacéutica Gilead Sciences envió una carta a médicos mexicanos en que explicaba por qué su producto era útil en ciertos casos de tratamiento del Covid, el subsecretario López-Gatell dio una conferencia de prensa (octubre), en la que amenazó:

Gilead Sciences podría ser sancionado por distribuir información sobre un medicamento que no tiene registro sanitario en México y “por refutar un estudio científico sin evidencia”.

Basada en la resolución de la FDA, Gilead Sciences quiso difundir sus argumentos que refutan al organismo “científico’ COFEPRIS, del gobierno mexicano que encabeza el arqueólogo de Comalcalco, y la farmacéutica fue obligada a callar.

La de Remdesivir es una vergonzante historia protagonizada por López Obrador y López Gatell, quienes actuaron como verdaderos hampones defendiendo su “negocio” y sus oscuras alianzas con el impresentable Trump. Esto no tendría mayor relevancia en circunstancias normales, (como si sólo se tratara de refacciones automotrices), pero lo que tramaron fue en perjuicio de la vida de miles de mexicanos, lo que eleva considerablemente la gravedad de sus acciones, quizás al rango de crímenes de lesa humanidad.

Más de 375 mil muertos según cifras del INEGI, atribuibles a un pésimo manejo de la pandemia y a una ausencia de medidas que eviten la propagación de contagios, como la aplicación masiva de pruebas PCR, o la aprobación de medicamentos que reduzcan la mortalidad del COVID, como el caso de un medicamento de Lilly, el Bamlanivimab, un tratamiento de anticuerpos monoclonales que administrado en la primera semana de contagio, evita que el virus provoque daños en el sistema vascular y en los órganos -sin embargo Cofepris lleva meses sin aprobarlo- y un promedio diario de mil quinientas muertes, conforman un auténtico genocidio: ¡Está falleciendo un mexicano cada minuto!

Esta criminal incapacidad de AMLO y de los responsables del sector salud, está costando miles de vidas cada día, sumando la incompetencia para diseñar una estrategia que permita la inmediata vacunación de la población, lo que acarreará más muertes y la prolongación de una devastadora crisis económica que ha provocado miles de empleos perdidos y el cierre de miles de empresas, mientras surgen evidencias del enriquecimiento de funcionarios de la 4T, que están haciendo negocios a costa de la salud y la vida de los mexicanos. 

El resto de la gestión gubernamental en materia de vacunas ha sido promesas, apariencias y audacias inaceptables, como haber optado por la vacuna rusa Sputnik, y por la china, Cansino, que no tienen validación internacional y cuyo uso masivo sería un acto de repudiable irresponsabilidad sanitaria contra los mexicanos. 

Las atrocidades que está cometiendo el gobierno de AMLO en esta pandemia, serán difíciles de olvidar. Estos crímenes no prescribirán y algún día serán juzgados en la Corte Penal Internacional.