Rosario Robles ¿a qué juega Gertz Manero?

Por: Arturo Rodríguez García

En estos días podría concretarse la negociación para reducir la pena a Rosario Robles Berlanga por el desfalco de más de 4 mil millones de pesos del presupuesto social del sexenio pasado, de acuerdo a la imputación original basada en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

No es definitivo, porque hay resistencias entre instituciones del Estado al curso que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, está dando al asunto.

Lo que Rosario Robles está negociando es aceptar declararse culpable de un delito, utilizando la figura de procedimiento abreviado. La Fiscalía General de la República (FGR), estaría aceptando la oferta conforme a lo anunciado la semana pasada.

El resultado de un acuerdo como el que se plantea sería que, Rosario Robles consiga una pena de entre 2 años cuatro meses y siete años. Esto es que podría quedar en libertad, pues aun con la pena máxima de siete años, se le tomarían en cuenta el año y medio que ha pasado en prisión, en tanto, los cinco años restantes podrían someterse a un beneficio de pre-liberación.

El asunto deja un mal sabor de boca porque se trata de un caso de corrupción que por diferentes motivos se ha relacionado con desvío de recursos públicos cuyo destino es incierto aunque bajo sospecha de haberse utilizado en campañas electorales.

La historia en resumen es esta:

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles fue primero secretaria de Desarrollo Social, y luego, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Las dos dependencias eran encargadas de políticas sociales, es decir, de ayudas económicas a poblaciones vulnerables, una función que en diferentes programas se cumplía a través de diferentes instituciones públicas con proveedores privados.

La ASF identificó que en este último esquema, se había utilizado a diferentes entidades o dependencias, entre estas universidades públicas, para simular la contratación de servicios a proveedores que resultaron ser empresas fachada receptoras de los recursos hasta sumar unos 7 mil millones de pesos.

Esa auditoría en su expresión periodística reporteada por el equipo de Animal Político, fue conocida como la Estafa Maestra y, aunque en el sexenio de Peña Nieto no pasó nada, al iniciar el actual, en especial con la onfirmación de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, el asunto se indagó y resultó en una sola conclusión jurídicamente demostrable: Rosario Robles estuvo enterada del esquema de desfalco y no notificó a su superior ni impidió que siguiera pasando, esto es, una omisión.

Hasta su detención, la FGR no pudo acreditar otro tipo de implicación, debido a que no había documentos firmados ni forma de probar que hubiera dado ordenes para el desfalco. Y eso es muy explicable, pues los funcionarios se cuidan mucho de no dejar rastros en este tipo de cosas.

Tendríamos que ser muy ingenuos para aceptar, como por lo visto está haciendo la FGR, que Rosario Robles supo lo que ocurría en las dos dependencias, no informó al presidente Peña Nieto y no tuvo la decisión para frenar el esquema a lo largo de seis años.

Pero no es todo. Hay una línea de investigación clara que, por la vía de la familia política, indica que tres de las empresas beneficiarias del esquema de defraudación eran de parientes políticos de Torreón Coahuila, un asunto publicado en la revista Proceso en 2019 y que más tarde se integró al expediente de la Fiscalía. Además, hay una imputación por delincuencia organizada.

Estamos pues ante un momento peculiar: teniendo todo para seguir el caso y conseguir como mínimo 21 años de prisión –como originalmente se había pedido al juez del caso—la FGR se repliega y acepta un proceso abreviado del que poco se sabe.

Dos condiciones posibles:

La primera es que la FGR no pudo acreditar ningún delito más que el de omisión y, antes de quedar en ridículo o extenderse por mucho tiempo en el caso, decide aceptar el procedimiento abreviado. Simplemente, no pudieron recabar pruebas, integrar un caso más solido y prefirieron soltar el asunto antes de que se enmarañe más.

La segunda es que el acuerdo verbal –no el judicial-, implique la entrega de pruebas que puedan conducir a la fiscalía a otros exfuncionarios, como Luis Videgaray, quien era secretario de Hacienda, o inclusive al expresidente Enrique Peña Nieto.

En la relación interinstitucional, existen resistencias al acuerdo que se fragua entre la defensa de Rosario Robles y la FGR, pues esta última institución ha tenido que echar mano de diversos informes para integrar el expediente, principalmente el de la ASF que, como se dijo líneas arriba, no necesariamente estaría en ánimo de aceptar la negociación.

Como sea, la reducción de la pena que se perfila para que Rosario Robles quede libre en las próximas semanas o meses, hay que insistir, deja un mal sabor de boca, pues aun con pruebas que impliquen a otros importantes funcionarios del sexenio pasado ella quedará en libertad pronto y faltaría ver si las dichosas pruebas que aporte, sirven de algo.

Y es que, por ahora, las experiencias de las negociaciones de la FGR no han sido de lo más convincentes, el caso más sonoro es el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien ni siquiera pisó la prisión y, tan campante desde su casa, ofrece datos que se basan en dichos, o bien, que están marcados por la prescripción, es decir, que ya no son propicios para ir a proceso judicial.

La cuestiones ¿a qué juega Alejandro Gertz Manero?