Casos de corrupción, las fechas y el impacto electoral

Por: Arturo Rodríguez García

El periodo electoral quedará marcado por los escándalos de corrupción que, integrados y desarrollados en los últimos dos años, han llevado sus tiempos procesales a detonar en medio de la efervescencia por las campañas políticas. Es un hecho.

Por ejemplo, la imputación a Emilio Lozoya Austin está prevista para el 7 de marzo, lo que presagia días de revelación y abundancia de datos sobre probables corruptelas del sexenio pasado.

El escándalo se robustecerá pues tres días después se tiene prevista y fijada la próxima audiencia para el empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado de vender a sobreprecio, con sobornos de por medio, una planta de fertilizantes, Agronitrogenados, a Pemex cuando era director el propio Lozoya Austin.

Otros casos son el de Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario durante el sexenio pasado, la única presa aunque de manera preventiva, es decir, sin sentencia, por su participación, o mejor dicho, por su omisión en el desfalco de unos 5 mil millones de pesos a través de un esquema de desvío de recursos que, en su expresión periodística se ha conocido como la Estafa Maestra.

Conforme a los presupuestos del proceso penal que se le sigue, el pasado 26 de febrero, Rosario Robles debió comparecer en lo que se conoce como audiencia intermedia, es decir, el momento procesal en el que se cierra la instrucción previa y entonces inicia el juicio.

Sin embargo, desde dos semanas antes se dio a conocer una posible negociación para que aceptara un juicio abreviado, es decir, declararse culpable por un delito menor como lo es la omisión y prácticamente quedar en libertad.

Hasta donde se sabe, las tensiones interinstitucionales fueron intensas durante una semana, en la que, además de un posicionamiento sutil en contra de la negociación deslizado por el presidente López Obrador, y sobretodo por la resistencia de la Auditoría Superior de la Federación, el asunto devino en un nueva postura de la Fiscalía General de la República: la única negociación aceptable sería si Robles solventa el desfalco.

Con la audiencia estancada, una nueva fecha se fijó para el 26 de marzo, esto es, una semana antes de que inicien las campañas electorales.

Ahora bien, otro caso es el que tiene en sus manos la Sección Instructora en la Cámara de Diputados, que resolverá si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre quien pesan acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

El asunto se desahogará el 28 de mayo, una semana antes de las elecciones, sin menoscabo de que, a los asuntos ya perfilados, se le puedan añadir las acusaciones de Emilio Lozoya sobre recepción de sobornos para aprobar la reforma energética.

En estos que son los casos de mayor impacto político habría que añadir el de Juan Collado, el abogado que parece dispuesto a negociar; también el de César Duarte, que en estos días deberá resolverse si procede su extradición a México o no.

Así pues, los tiempos procesales se empalman, no solo con el proceso electoral, también con la consulta ciudadana que se realizará en julio para decidir si se debe juzgar o no a los expresidentes y que, en relación a cada uno de los casos mencionados, podrían aparecer en los procesos algunos de los exmandatarios.

De cualquier manera, hay un impacto político inevitable de los casos de justicia frente a la corrupción, planeados o coincidentes (eso depende de la interpretación que cada uno le dé), pero trascendente como nunca en el desarrollo de un proceso electoral en México.