Por: Arturo RodrĆguez GarcĆa
El periodo electoral quedarĆ” marcado por los escĆ”ndalos de corrupción que, integrados y desarrollados en los Ćŗltimos dos aƱos, han llevado sus tiempos procesales a detonar en medio de la efervescencia por las campaƱas polĆticas. Es un hecho.
Por ejemplo, la imputación a Emilio Lozoya Austin estĆ” prevista para el 7 de marzo, lo que presagia dĆas de revelación y abundancia de datos sobre probables corruptelas del sexenio pasado.
El escĆ”ndalo se robustecerĆ” pues tres dĆas despuĆ©s se tiene prevista y fijada la próxima audiencia para el empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado de vender a sobreprecio, con sobornos de por medio, una planta de fertilizantes, Agronitrogenados, a Pemex cuando era director el propio Lozoya Austin.
Otros casos son el de Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario durante el sexenio pasado, la Ćŗnica presa aunque de manera preventiva, es decir, sin sentencia, por su participación, o mejor dicho, por su omisión en el desfalco de unos 5 mil millones de pesos a travĆ©s de un esquema de desvĆo de recursos que, en su expresión periodĆstica se ha conocido como la Estafa Maestra.
Conforme a los presupuestos del proceso penal que se le sigue, el pasado 26 de febrero, Rosario Robles debió comparecer en lo que se conoce como audiencia intermedia, es decir, el momento procesal en el que se cierra la instrucción previa y entonces inicia el juicio.
Sin embargo, desde dos semanas antes se dio a conocer una posible negociación para que aceptara un juicio abreviado, es decir, declararse culpable por un delito menor como lo es la omisión y prÔcticamente quedar en libertad.
Hasta donde se sabe, las tensiones interinstitucionales fueron intensas durante una semana, en la que, ademĆ”s de un posicionamiento sutil en contra de la negociación deslizado por el presidente López Obrador, y sobretodo por la resistencia de la AuditorĆa Superior de la Federación, el asunto devino en un nueva postura de la FiscalĆa General de la RepĆŗblica: la Ćŗnica negociación aceptable serĆa si Robles solventa el desfalco.
Con la audiencia estancada, una nueva fecha se fijó para el 26 de marzo, esto es, una semana antes de que inicien las campañas electorales.
Ahora bien, otro caso es el que tiene en sus manos la Sección Instructora en la CĆ”mara de Diputados, que resolverĆ” si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier GarcĆa Cabeza de Vaca, sobre quien pesan acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
El asunto se desahogarÔ el 28 de mayo, una semana antes de las elecciones, sin menoscabo de que, a los asuntos ya perfilados, se le puedan añadir las acusaciones de Emilio Lozoya sobre recepción de sobornos para aprobar la reforma energética.
En estos que son los casos de mayor impacto polĆtico habrĆa que aƱadir el de Juan Collado, el abogado que parece dispuesto a negociar; tambiĆ©n el de CĆ©sar Duarte, que en estos dĆas deberĆ” resolverse si procede su extradición a MĆ©xico o no.
AsĆ pues, los tiempos procesales se empalman, no solo con el proceso electoral, tambiĆ©n con la consulta ciudadana que se realizarĆ” en julio para decidir si se debe juzgar o no a los expresidentes y que, en relación a cada uno de los casos mencionados, podrĆan aparecer en los procesos algunos de los exmandatarios.
De cualquier manera, hay un impacto polĆtico inevitable de los casos de justicia frente a la corrupción, planeados o coincidentes (eso depende de la interpretación que cada uno le dĆ©), pero trascendente como nunca en el desarrollo de un proceso electoral en MĆ©xico.
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