Mexit: la escisión nunca ha sido la salida (III)

TRES DE TRES / POR JOSÉ ENRÍQUEZ GUZMÁN

Durante el siglo XIX algunos estados de la República heredaron un carácter “especial” proveniente de la época del virreinato. Esto se debió a una serie de concesiones o tratos especiales que ejerció la Corona sobre algunas partes del territorio con el objetivo de promover la recaudación fiscal o la captación de recursos o la promoción del comercio. Este tipo de tratos se tambalearon en los primeros años de vida independiente, en los que se buscaba generar una unión nacional. Uno de los estados que se sumaron a la idea de que la excepcionalidad les permitía conservar ciertos privilegios que databan de más de cuarenta años fue Yucatán. 

La lucha por la excepcionalidad (1839-1843)

Para la época decimonónica el estado del sureste estaba compuesto por los actuales territorios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Estratégicamente, tenía una “frontera” marítima con Cuba, que para el siglo XIX era de los últimos resquicios del imperio español, colindaba Belice, que era una posesión comercial británica importante, y comerciaba con la costa oeste de Estados Unidos y algunos territorios del Golfo, como Nueva Orleans. En la época de las Reformas Borbónicas (1750-1808) la Corona permitió que esa provincia tuviera ciertos privilegios con el objetivo de recabar más mercancías e impuestos. 

Entre 1824 y 1835 Yucatán no pareció haber tenido algún conflicto con el gobierno nacional, pues al establecerse el federalismo como tipo de república, se permitió que los estados tuvieran cierta autonomía, lo que representó una manera de conservar algo de su excepcionalidad. Sin embargo, al igual que Texas, la “República” de Río Grande, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Puebla y Michoacán, a partir de 1836 Yucatán se inconformó con lo establecido por las Siete Leyes, que coartaba toda la autonomía de los estados para convertirlos en departamentos dependientes de un poder central. 

En 1839 Santiago Imán empezó una rebelión en contra del gobierno centralista de Anastacio Bustamente. Desde ese momento, Yucatán desconoció a los centralistas, proclamando que su adición a las leyes locales y a la Constitución de 1824. Entre 1839 y 1843 se discutió si Yucatán debía ser un estado confederado o una república independiente, aunque los intereses de los poderes estatales abogaban por esta última. En 1840 varios representantes se reunieron en el Congreso de Tizimín, donde acordaron que el poder legislativo del estado se compondría de dos cámaras, pero sin definir como tal su situación político-territorial. 

El gobierno mexicano prohibió el “ingreso” de productos de la península al territorio nacional y denominó piratas a todas las embarcaciones yucatecas. Incluso, en 1841 promovió una “campaña” para desalentar el apoyo internacional a Yucatán —del que se hablará más adelante— , advirtiendo que aún formaba parte de la República Mexicana. Andrés Quinatana Roo fungió como intermediario del gobierno ante los rebeldes, pero poco se pudo hacer. 

Hasta 1843 fue que las negociaciones empezaron a tomar forma, y el gobierno se vio en la necesidad de ceder cierto control frente a Yucatán a cambio de su reincorporación, lo que incluía conservar su “estatus especial” y la autonomía y respeto a la forma de organización política por la que optaran. Sin embargo, para 1846 no hubo un acuerdo como tal, y Yucatán prosiguió con sus planes independentistas. No obstante, hubo otros factores que pusieron en tela de juicio la viabilidad de una república independiente. 

Entre las barras, las estrellas y las castas (1846-1848)

En febrero de 1846 el presidente Mariano Paredes envió al coronel Juan Cano como intermediario para buscar la reincorporación. Esta vez trató de negociar el envío de diputados al Congreso y la disolución de la figura legislativa local a cambio de respetar las leyes extraordinarias bajo las que decidieran reunirse y la captación de recursos de las aduanas. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto, y menos cuando meses después el presidente de Estados Unidos, James K. Polk, solicitara al congreso de su país la aprobación de una declaratoria de guerra contra México. 

El ejército estadounidense se movilizó rápidamente por el territorio nacional, y una de las principales costas que tomó fue la de la península yucateca. Aun cuando varios estados de la República se negaron a brindar recursos y capital humano para la defensa del territorio, Yucatán se caracterizó por declarar la neutralidad, que era más conveniente para los norteamericanos. Finalmente, la relación entre Yucatán y Estados Unidos escalaría de la búsqueda de reconocimiento y apoyo a una posible anexión, ya que desde antes de la guerra de conquista territorial Yucatán se enfrentaba a un conflicto local que sería conocido como la Guerra de Castas.    

Durante los primeros enfrentamientos entre el gobierno nacional y las autoridades yucatecas, los indios mayas fungieron como una parte importante del cuerpo armado de las fuerzas del gobernador Santiago Méndez. Aprovechando la concentración de armas y la confirmación del poder que podían ejercer a partir de la organización, los mayas iniciaron una revuelta por los agravios cometidos por la población blanca desde la época de la Conquista. Oficialmente, el conflicto armado inició tras el asesinato de Manuel Antonio Ay, uno de los principales líderes de la rebelión. 

Las fuerzas locales trataron de contener a los mayas, pero ante el poco alcance de su “ejército” trataron de buscar apoyo externo. Desde el primer intento independentista buscaron el apoyo de Texas, cuando aún no formaba parte de Estados Unidos, tratando de acopiar armas y reconocimiento político. Sin embargo, por los pocos alcances de la República de la estrella solitaria esto fue imposible. En 1848 Santiago Méndez envió a Justo Sierra O’Reilly como agente a Estados Unidos para negociar el apoyo y una posible anexión de la península a ese país. 

Poco después de la firma del tratado Guadalupe-Hidalgo, en el que se oficializó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, el presidente Polk hizo un ofrecimiento formal para que Yucatán se uniera a Estados Unidos. Sin embargo, debía ser aprobado por el Congreso de su país, que rápidamente desechó la minuta. Finalmente, sin apoyo de Estados Unidos, ni de otro país, tuvieron que negociar su incorporación a México. Finalmente, la “cooperación” y “ayuda” de otros países se hubiera traducido en un intento de sumarse al territorio de los países, o, como dice la historiadora Cecilia Zuleta, terminaron hipotecando su soberanía a naciones extranjeras, que pareció ser el destino de los intentos independentistas presentados.