DE UN MUNDO RARO / Por Miguel Ángel Isidro
La celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 fue concebida por el gobierno mexicano como una magnífica oportunidad para proyectar la imagen de México como una nación moderna y progresista.
También fue el pretexto ideal para impulsar medidas unilaterales que se justificaban en el “Interés Supremo de la Nación”, entre ellas, la implementación del impuesto a la tenencia vehicular, y en el terreno informativo, la creación de Notimex, la agencia noticiosa del gobierno mexicano.
En su arranque, a Notimex le fue delegada la delicada misión de abastecer de despachos informativos e imágenes de manera gratuita a medios de todo el mundo, a modo tal de que la celebración de las Olimpiadas en un país latinoamericano no pasara desapercibida, o sufriera el menosprecio de los editores internacionales que podrían encontrar en ese momento de la historia como poco productiva y onerosa la asignación de enviados o corresponsales a un país en “vías de desarrollo”.
Surgidas como respuesta al explosivo crecimiento del mercado noticioso en la primera mitad del siglo XX —aunque sus primeros orígenes se remontan a finales del siglo XIX en Francia—, las agencias de noticias han resultado una alternativa para que los medios de comunicación puedan obtener información directa desde distintos lugares del mundo sin la necesidad de desplegar una elevada nómina de corresponsales o enviados nacionales o internacionales.
Las dos Guerras Mundiales fueron el escenario ideal para su profesionalización y desarrollo; y con la llegada de La Guerra Fría, surgiría un nuevo modelo cargado de intencionalidad política: el de las “agencias de Estado”, organismos gubernamentales creados para la generación de contenidos noticiosos avalados por la supervisión directa de sus respectivos gobiernos, en protección directa a los intereses y valores del régimen dominante.
En sus orígenes, Notimex dependía directamente de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC). Fue hasta 2006, es decir, 38 años después de su fundación que se formalizó la personalidad jurídica de la agencia en calidad de organismo desconcentrado del gobierno federal, retirando su dependencia directa del Ejecutivo Federal mediante la creación de una Junta de Gobierno, integrada por representantes de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Federal Electoral y de los trabajadores sindicalizados de Notimex; así como de dos representantes del Consejo Editorial Consultivo.
El objetivo de ésta reforma era dar mayor independencia editorial al organismo, pero a pesar de ello, se conservó la prerrogativa de que su Director General sea designado directamente por el Presidente de la República; disposición vigente hasta nuestros días.
En este 2021, y tras la entrada en funciones de la actual administración federal, Notimex acaba de cumplir poco más de un año en huelga, ante los infructuosos esfuerzos de su actual titular Sanjuana Martínez por erradicar añejos vicios y prácticas corruptas del organismo. No viene al caso redundar en los argumentos de la funcionaria y sus contrapartes; el conflicto se ha convertido en un auténtico nudo ciego, en el que la egolatría y los intereses facciosos siguen impidiendo el cabal funcionamiento de una agencia que por sus características y financiamiento debiera ser de interés público.
En estos momentos la reflexión de nuestra parte es acerca de la pertinencia de Notimex como organismo generador de noticias operado desde el Estado Mexicano.
En estricto sentido, resulta viable la existencia de una oficina encargada de generar y administrar despachos noticiosos y servicios de audio, fotografía y video acerca de temas de interés informativo avalados por la responsabilidad oficial del gobierno. Es decir; resulta válido el interés del gobierno por difundir la “verdad oficial”.
Sin embargo, habría que advertir que sin una directriz institucional o políticas editoriales claras, dicha labor implicaría duplicar e incluso triplicar la labor de los órganos de comunicación social de los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los tres poderes y organismos públicos.
Por otra parte, en aras de insertarse en los criterios de oportunidad y competencia informativa, a lo largo de su existencia Notimex fue incorporando corresponsales en distintas ciudades alrededor del mundo; bajo distintos criterios de contratación y obligaciones legales y laborales. El actual estado de crisis destacado a partir del intento de reestructurar a la agencia y el prolongado proceso de huelga ha dejado prácticamente en el limbo y carentes de protección laboral a por lo menos 21 corresponsales internacionales de Notimex, que están peleando en tribunales los derechos que consideran les corresponde.
Sin menospreciar el derecho de estos comunicadores a ser reinstalados o indemnizados, en virtud de las actuales condiciones del mercado informativo y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, bien valdría la pena preguntarnos hasta qué punto es viable que el Estado destine recursos públicos a un periodista para que nos informe y explique los hechos noticiosos generados en Venezuela, Alemania o Timbuctú; cuando en la actualidad se tienen herramientas tecnológicas para acceder prácticamente a cualquier medio de comunicación del país de origen, con posibilidades de traducción, subtitulaje o retroalimentación en tiempo real.
En la actualidad, las agencias noticiosas más importantes del mundo son del sector privado; y muchas de ellas han construido su reputación y credibilidad en manuales operativos estrictos para dar solidez periodística a sus trabajos informativos y a un cuidadoso manejo de sus esquemas de financiamiento. Existen modelos exitosos como el de la Agencia France Press (AFP), cuyo estatuto interno le prohíbe expresamente recibir financiamiento del Estado Francés, a fin de evitar comprometer la calidad y confiabilidad de sus contenidos.
Por supuesto que no todos los casos de medios o sistemas de información públicos son meros espacios de ejercicio propagandístico en favor de un gobierno o partido. Uno de los modelos más prestigiosos del mundo es el de la BBC de Londres, que a pesar de ser una plataforma multimedia propiedad del Estado Británico, cuenta con mecanismos de operación calificación de contenidos y transparencia financiera que constituyen un sólido respaldo a sus programas y producciones, tanto en los segmentos de información como en los dedicados al entretenimiento.
En México existen también medios públicos con un gran prestigio y tradición de servicio como Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio; pero también ha sido muy triste advertir como en cada sexenio, espacios como Canal Once o TV UNAM terminan convertidos en espacios prácticamente concesionados a los proyectos o comunicadores aliados de los gobiernos en turno.
La prolongada crisis en Notimex nos obliga a preguntarnos si el “periodismo de Estado” debe seguir existiendo, o si llegó el momento de dar paso a nuevos esquemas o formatos donde se lo que se privilegie y difunda sea lo que compete al interés de la colectividad y no sólo lo que al gobierno interese o convenga.
¿O queremos regresar a los tiempos de los diarios paraestatales como El Nacional, cuyos titulares muchas veces fueron redactados desde la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy centro cultural?
Necesitamos nutrir ese diálogo…
Twitter: @miguelisidro
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