(CNN Español) — La situación en Colombia no solo ha causado heridas hondas en el país —con decenas de muertos, enfrentamientos y denuncias de abusos— sino que ha traspasado fronteras con manifestaciones masivas y en su mayoría pacíficas en diferentes países y con los ojos de la comunidad internacional atentos a los desarrollos para resolver la situación. La crisis, además, deja posiciones encontradas: lo que empezó como una crítica a la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque (luego retirada) pronto expuso las tensiones acumuladas de la población, la situación crítica por la pandemia y el debate sobre cómo la fuerza pública debe encarar a los manifestantes.
CNN habló con tres voces con influencia para abordar estos temas: Diego Molano, ministro de Defensa; Iván Cepeda, senador opositor; y José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
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El origen
Para el Gobierno
En conversación con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Conecta2, el ministro Diego Molano dijo que si bien el contexto del descontento social empezó en las movilizaciones de 2019, también desde ese entonces «comenzó a surgir el vandalismo, el vandalismo que ataca a infraestructuras y eso en Colombia se respondió con una gran conversación nacional que unió a varios sectores y presentaron varios proyectos de ley para mejorar la situación de descontento social». Ese vandalismo, dijo Molano, también se extendió contra la policía con la movilización por la muerte de Javier Ordóñez en 2020.
«Ahora, a partir del 28 abril y ya en este proceso inicia una movilización social y tenemos claro como fuerza pública que hay dos acciones fundamentales: aquí hay un grupo muy importante colombianos, que no han salido a marchar, que están en sus casas guardando la cuarentena. Hay un grupo importante de colombianos que salieron a marchar pacíficamente en su protesta, pero ha surgido un grupo de vándalos que buscan infiltrar las marchas con participación que tienen y desarrollan actividades criminales y han afectado severamente bienes públicos, bancos, entidades públicas, destruido los peajes y atentado directamente con estaciones de policía», dijo, sin mostrar evidencias.
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Para la oposición
Para Iván Cepeda, senador del partido opositor Polo Democrático Alternativo, «es una crisis que se ha ido acumulando y agudizando ahora con la pandemia que tiene por lo menos tres planos. Uno es la propia pandemia y su gestión. Yo diría deficiente por parte del Gobierno. En segundo lugar, la pobreza y la recesión económica que ha golpeado a una franja muy considerable de la población, se habla en cifras oficiales del 42% de pobreza. Y yo diría también en tercer lugar la no implementación del acuerdo del 2016 que ha permitido esa no implementación el aumento de la violencia considerable en muchos territorios del país», dijo.
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«Esos factores han colmado la paciencia de la ciudadanía y estamos asistiendo a movilizaciones gigantescas que intentan ser controladas utilizando métodos desproporcionados en el uso de la fuerza y también con graves violaciones de derechos humanos», le dijo Cepeda a Carmen Aristegui.
Cepeda argumenta que la movilización ciudadana «va tomando la forma de un movimiento por un cambio político» como se ha visto en otros países. «No es solamente el hecho de que se propongan leyes que son absolutamente injustas y que presionan de una manera insoportable a la ya muy debilitada economía de la mayoría de hogares vulnerables y de capas medias, sino también el contraste con la corrupción, con el hecho de que haya sectores de la economía que, a pesar de la crisis, siguen ganando y acumulando una serie de ingresos que son absolutamente injustos con el resto de la población y una serie de privilegios, por ejemplo, de altos funcionarios del poder público».
El senador señala que se llegó al «punto en el cual la gente siente un verdadero hastío del del actual gobierno y está reclamando, más allá de cualquier medida puntual, un cambio».
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El papel de la fuerza pública
Para el Gobierno
Para el ministro Molano, «la fuerza pública colombiana tiene la responsabilidad de proteger a quienes no están en su casa y no marchan, de garantizar las marchas pacíficas cuando estas son en protesta». Pero también debe «controlar ese vandalismo que en un grupo de ciudades está muy concentrado, desarrollando actividades permanentes, sistemáticas de vandalismo».
«A veces siento que se quiere colocar de enemigo de los colombianos a los policías y los enemigos de los colombianos son los vándalos que están generando esta violencia», dijo Molano.
En este momento «hay violencia y ese ejercicio de violencia, por supuesto, debe ser controlado por la Policía como corresponde», remarcó.
Además agregó que «hay algunos hechos que han generado discusión sobre los cuales hemos venido actuando y respondiendo frente a los temas que han sido señalados de derechos humanos o actuaciones, quienes en esa medida nuestra fuerza pública y particularmente la Policía tenga que responder».
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No obstante, para el ministro «es importante entender el contexto y no considerar que es un solo problema de la policía, como si los policías fueran los que están generando el problema, porque si fuera así no tendríamos un policía asesinado y 585 policías heridos en el marco de esas manifestaciones y actuaciones vandálicos».
El ministro dijo que en este momento hay 38 investigaciones disciplinarias en curso. De las que están en la Fiscalía, 8 son por homicidio, 13 por abuso de autoridad, cinco por agresiones físicas.
Según el ministro Molano, «la información que tenemos por inteligencia y que se ha investigado inclusive ya judicializado, algunos de ellos es que estos hechos de vandalismo se hacen sistemática y premeditadamente por unas organizaciones que están vinculadas con las FARC y con el ELN, que son los grupos armados ilegales e ilegales en Colombia, que han articulado unas bandas en algunas de esas ciudades, como he señalado, y esas desarrollan acciones para generar inestabilidad».
«Lo que está pasando en Colombia son unos grupos de criminales organizados con conexiones con grupos organizados que sistemáticamente y planeadamente y con financiación ilegal conectada con el narcotráfico buscan generar inestabilidad. Ese es un contexto importante para entender la violencia y el crimen que se están desarrollando», explicó.
Molano dijo que hay varias investigaciones al respecto. No obstante, no ha habido fallos judiciales condenatorios.
Para la oposición
El senador Cepeda dice que lo más grave de la coyuntura «es que hay un modelo que se está comenzando a usar, en el cual la movilización pacífica y la protesta social son tratados como una especie de acción de un terrorismo urbano». El opositor señala que eso permite que se empleen métodos «que son absolutamente violatorios de la vida y la dignidad de la gente». Cepeda cita como ejemplos casos en los que el cual miembros de la Policía y del escuadrón antidisturbios Esmad han utilizado armas de fuego.
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Para HRW
«No cabe duda alguna que la policía se ha conducido de una manera brutal», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, con respecto a la actuación de los agentes. En este sentido, remarcó que «hay detenciones arbitrarias. Hay personas que tienen lesiones a los ojos, en el rostro, hay golpizas muy duras, brutales. Hay centenares de personas arrestadas». También mencionó el caso del policía muerto y otros heridos con armas de fuego o cortantes.
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Para Vivanco, «durante esta semana desgraciadamente la situación no ha bajado de tensión». «Al contrario, creemos que todas las cifras, todos los datos, las evidencias que estamos recogiendo demuestran que la situación se está agravando. Y eso es tremendamente angustiante, porque a pesar de las denuncias, a pesar del trabajo que han hecho los medios de comunicación nacionales e internacionales y de las redes sociales, y nuestra impresión es que el número de casos sigue creciendo», dijo.
Esta semana en Directo USA, Vivanco dijo «que los soldados colombianos, más que otros soldados, están preparados para la guerra, para el conflicto armado (…) Utilizar soldados para estas tareas, como lo está haciendo el presidente Duque, es irresponsable, es jugar con fuego, es muy grave. Hay que retomar la cordura y buscar líneas de negociación, de diálogo, que tiendan a bajar las tensiones»
Las cifras
Para el Gobierno
El ministro dijo que hay 324 personas civiles «que han sido de alguna forma afectadas en su integridad física, por algún golpe o por alguna lesión» y 23 casos de civiles muertos que están siendo investigados. Además explicó que hay 585 policías heridos y uno asesinado.
Para HRW
La última información que maneja HRW es de 36 personas muertas en el contexto de las protestas. De ese total, «11 hemos podido constatar que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad», ya sean policías regulares o antidisturbios, dijo Vivanco. Los 25 casos restantes se están investigando para establecer las condiciones específicas. HRW también contabilizó más de 400 heridos.
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Desapariciones
Para el Gobierno
Ante la consulta sobre la cifra que maneja la Defensoría del Pueblo, de 87 personas desaparecidas, el ministro explicó que recibieron el informe, y que de ese total 53 «ya están identificadas y reconocidas». Agregó que se está trabajando para determinar qué sucedió con el resto.
En cuando a las denuncias de la actuación de agentes sin identificación, el ministro dijo que de acuerdo al protocolo «antes de salir a cualquier operación, una entidad independiente de control en cada municipio verifica que cada policía que salga a desarrollar el operativo tenga su plena identificación y que el arma que usa es un arma no letal».
Por último, negó que existieran cortes de luz o interceptaciones telefónicas tal como se ha denunciado en redes sociales.
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Para HRW
Vivanco citó las cifras que manejaron la Defensoría del Pueblo y el Gobierno y pidió ser «supercuidadosos» en lo que respecta a los casos de desapariciones. Dijo que cuando uno habla de «desapariciones forzadas, lo que está sugiriendo es que son personas que han sido capturados por el Estado (…) y que están en algún sitio clandestino con riesgo de su vida». «No creo que esa sea la situación», remarcó, y explicó que en muchos casos lo que sucede es que las familias reportan a personas desaparecidas que de hecho fueron detenidas y que con el curso de las horas se establece su paradero.
Uso de armas letales
Para el Gobierno
El ministro Molano explicó que «en el caso de los disturbios, las fuerzas de policía que actúan utilizan armas no letales». «Entonces, en los casos donde se está señalando que hay alguna acción de arma de la policía, precisamente son las que son investigadas. Si los casos se dieron frente a una reacción desmedida, por supuesto son investigados».
«El patrón, la conducta, la orden que tiene la policía colombiana es que actúe con estricto apego a la ley y a los derechos humanos», afirmó, y dijo que hay que evaluar «contexto por contexto y no generalizar».
Al respecto, explicó que en sitios como las estaciones de policía los uniformados siempre están armados y que lo que ha sucedido es que en algunos lugares «los disturbios llegan aleatoriamente, por ejemplo, a atacar un CAI, que es una estación de policía. Cuando se ataca un CAI y hay una estación de policía y quieren incinerar un policía adentro, como sucedió anteayer en Bogotá, donde se llegó a un CAI en el sur de la ciudad con diez policías adentro».
Para la oposición
El senador Iván Cepeda dice que el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el planteamiento del uso de armas letales ha sido «muy desafortunado». «En días pasados en su cuenta de Twitter publicó un mensaje instando a los miembros de la Fuerza Pública de Policía y Ejército a utilizar sus armas de fuego en medio de las movilizaciones, lo cual, a mi modo de ver, ha sido una especie de incitación a la violencia».
Twitter eliminó esa publicación por «glorificación de la violencia».
Cepeda tomó acción contra Uribe a su vez: «He decidido interponer una denuncia penal en su contra, porque después de seis llamado Twitter, canceló ese mensaje y además se han ido multiplicando los hechos en los cuales miembros de la policía, como se ven vídeos que circulan profusamente en las redes, utilizan armas contra personas inermes».
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Para HRW
Vivanco explicó que hay uno uso «indiscriminado» de ciertas armas que no habían visto antes en «ningún lugar de América Latina» y consideran de «alta peligrosidad».
Explicó que las fuerzas antidisturbios están usando unas tanquetas «que tienen instalado en el techo un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad». Las tanquetas tienen «la capacidad para lanzar simultáneamente estos proyectiles que no van dirigidos al cielo, sino que van dirigidos casi horizontalmente hacia los manifestantes». Aparentemente, según explicó, pueden lanzar bombas lacrimógenas y bombas aturdidoras, aunque sobre eso no tienen seguridad todavía. Para Vivanco, «es un instrumento represivo que no logra discriminar» y por tanto es de «alto peligro».
HRW solicitó la información oficial y está investigando si pueden ser letales. Lo que entienden es que, por la forma en que funcionan, ponen «en más alto riesgo a las personas».
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Casos de violencia sexual
Para el Gobierno
El ministro afirmó que hay una investigación «por violencia sexual que fue particularmente señalada en la región del Eje Cafetero colombiana y hay ocho por otras conductas».
Para la oposición
«Hay denuncias de violencia sexual y de desaparición de personas y por supuesto, de muertos con arma de fuego. Todos esos hechos, pues, producen un efecto de terror que no han logrado disuadir la voluntad de la gente que sigue protestando», dijo el senador Cepeda.
Para HRW
Vivanco explicó que recibieron denuncias de torturas y abusos sexuales y las están verificando.
Iván Cepeda
José Miguel Vivanco
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