La ley seca que inundó Tijuana (II)

José Luis Enríquez Guzmán

Las prohibiciones: el caso norteamericano

Los intentos de prohibir el consumo de alcohol en Estados Unidos son inherentes al desarrollo de la nación durante el siglo XIX. De acuerdo con la mayoría de los credos ramificados del Protestantismo (adventistas, presbiterianos, episcopalianos, etc.), el alcohol era una tentación, y por ende algo que podría ser perjudicial física y espiritualmente para los feligreses, compuestos en su mayoría por campesinos y obreros. 

Esta concepción de la bebida tuvo eco en leyes prohibicionistas a nivel estatal, que además restringían otras actividades que “corrompían” la moral; por ejemplo, en 1909 se proscribieron las carreras de caballos en California. A esta medida le siguieron otras, aprobadas entre 1910 y 1917. Dichas leyes fueron impulsadas por diferentes sectores, como los empresariales, gobernantes y educadores, que abogaban por el cuidado y fortalecimiento de valores basados en la higiene, salubridad y buenos modales.

 Este tipo de valores tuvieron auge en las primeras décadas del siglo XX, cuando las tesis eugenésicas y el Darwinismo Social, teorías provenientes de Europa, se adoptaron como una forma de justificar el desarrollo de ciertas naciones sobre otras; así, se trató de establecer un marco de referencia que designara las características “correctas” que debería tener un estadounidense, frente a las que identifican a la otredad. 

Con base en esto, se asoció a los inmigrantes (principalmente mexicanos, chinos y de Europa del este), a los negros y a los consumidores de sustancias embriagantes como “no americanos”. Por ejemplo, el congresista Robert P. Hobson sostenía que el alcohol “hacía de los negros unas bestias que cometían crímenes antinaturales”, mientras que el hombre blanco “al estar más evolucionado” tomaba más tiempo para que el vicio lo redujera al mismo nivel.

El colmo de la búsqueda de la prohibición del consumo de alcohol, y censura de actividades amorales, llegó el 18 de octubre de 1919, cuando el senador republicano por el estado de Minnesota, Andrew J. Volstead, presentó la iniciativa de ley homónima que buscaba prohibir el consumo y producción de alcohol a nivel nacional. Volstead propuso la ley impulsado por la Anti-Saloon League, una organización surgida a inicios del siglo XX que se conformó como un grupo de presión para vetar el alcohol en los congresos estatales. Finalmente, la Ley Volstead se aprobó y entró en vigor el 16 de enero de 1920, convirtiéndose en la decimoctava enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El caso mexicano

Las restricciones y desagrado hacia el consumo de alcohol estuvieron presentes en México desde la época colonial gracias a la herencia católica de los españoles. Sin embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se empezaron a establecer márgenes de conducta que reprobaban las bebidas embriagantes. Esto fue más contundente en los gobiernos de Porfirio Díaz, en los que se buscó que el progreso material se asemejara, en varios aspectos, al de potencias globales como Francia y Estados Unidos, donde, como ya se dijo, se adoptaron teorías racistas y xenófobas para comprender su desarrollo respecto al de otras naciones. 

En 1892 Matías Romero, secretario de Hacienda y Crédito Público, gravó el alcohol y el tabaco con el objetivo de reducir su consumo; no obstante, en esta medida no se incluyó a la cerveza, ya que no cumplía con los estándares para considerarse bebida alcohólica. Aunado a esta medida gubernamental, la evidencia científica trató de demostrar que las bebidas que potenciaban la pérdida de control individual eran el germen de males sociales, como el robo y el secuestro; así lo estableció el criminalista español Carlos Roumagnac. 

A pesar de que la élite gobernante observaba un mal social en el alcohol, este representaba a una de las industrias más importantes para el consumo popular. A finales del siglo XIX y principios del XX, se calculó que un mexicano consumía 29.4 litros de pulque, 0.6 de tequila y 20 litros de bebidas con graduación moderada. Además, en 1889 los productores de tequila de Jalisco enviaron a la Ciudad de México 238,458 litros de esa bebida. Sumado a esta cifra, entre 1885 y 1895 se realizaron 448,623 aprehensiones, de las cuales, la mayoría tenía que ver con la embriaguez.

Durante la Revolución cada facción militar estableció sus normas internas para el consumo de alcohol, que se hacían extensivas a las poblaciones o regiones que tomaban. El caso más conocido es el de Francisco Villa, que prohibió el consumo de bebidas alcohólicas a los miembros de la División de Norte bajo pena de muerte a todo el que desobedeciera esta norma. A su vez, entre 1915 y 1919, gobernadores, que se incorporaron a la lucha armada, también plantearon estatutos locales en contra del alcohol, como Salvador Alvarado en Yucatán, Plutarco Elías Calles en Sonora, Francisco J. Múgica en Tabasco, Venustiano Carranza en Veracruz y Emilio Portes Gil en Tamaulipas; además, los personajes que llegaron a la presidencia de la República trataron de instaurar este tipo de leyes a nivel nacional.

Sin embargo, como se verá en la siguiente entrega, algunos decidieron pasar por alto los supuestos vicios que desencadenaba el alcohol a cambio de beneficios económicos y personales.