Todo lo que necesitas saber sobre la Convención Constitucional en Chile

(CNN Español) — Desde Antofagasta, en el norte, hasta el lejano sur en Punta Arenas, pasando por Valparaíso y la capital, Santiago, Chile vivió entre finales de 2019 y comienzos de 2020 una ola de protestas a nivel nacional ante el alto costo de vida y la desigualdad, entre otros reclamos, que sacudieron al país sudamericano y la región.

Un año después del final de estas manifestaciones, y tras un «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» firmado por el presidente Sebastián Piñera y los partidos políticos en el Congreso Nacional en noviembre de 2019, una Convención Constitucional se encuentra ya en marcha desde el 7 de julio para intentar presentar una nueva carta magna que pueda dar respuesta a la crisis.

«La convención surge de un acuerdo por la paz social, como respuesta institucional a una crisis social y política que queda marcada en el estallido o revuelta social», dijo a CNN Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso y consultor político. «Esto resultó ser una respuesta adecuada para el momento que Chile estaba viviendo. Logra colocar una hoja de ruta para poder superar no solo lo que estaba ahí, si no todo el legado político de la transición democrática y la dictadura», agregó.

Para Cristóbal Bellolio, profesor de teoría política en la Universidad Adolfo Ibáñez, se trata de «la respuesta institucional a una serie de demandas, protestas, levantamientos populares y ciudadanos, que de alguna manera estaban impugnando las reglas estructurales del modelo y las reglas de juego que establece una constitución».

Cómo se llegó a este punto

Las manifestaciones comenzaron en Santiago el 18 de octubre de 2019, luego de que se anunciara un aumento el costo del boleto del metro: llegó a los 30 pesos chilenos, equivalente a US$ 1,19 , en un país con un sueldo mínimo que en esos momentos era de US$ 420 al mes.

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Las protestas crecieron en intensidad, a pesar de la marcha atrás del gobierno de Chile, y se produjeron choques violentos entre manifestantes y la policía, tras la cual hubo toque de queda en numerosas regiones y el despliegue de fuerzas armadas en las calles por primera vez en 30 años. Pero aun así el reclamo por el alto costo de vida y la desigualdad se trasladó a todo el país.

«Esto es lo que se está viviendo en Chile durante todos días desde que se anunció el alza de pasaje, este es el descontento de la gente en realidad», dijo a CNN en Español Catalina Magaña, Vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en octubre de 2019. «Son años de represión, son años de vivir en la miseria, son años de que el Gobierno impone medidas a costa de la gente y cuando uno sale a las calles a exigir sus derechos, a exigir vida digna, nos ponen las fuerzas represivas»

Piñera, por su parte, dijo en ese momento que el país estaba «en guerra». «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible».

El «estallido social»

Las imágenes de aquel «estallido social» en Chile, país que se había caracterizado por la estabilidad política desde el retorno de la democracia en 1990 luego de la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990), dieron vuelta al mundo, así como los reportes de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y  también organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, sobre la violencia empleada con la policía contra los manifestantes.

Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, durante las protetstas se reportaron al menos 31 muertos y más de 3.700 heridos, entre las cuales figuran unas 163 lesiones oculares.

Una imagen de las manifestaciones en Santiago en Noviembre de 2019.

Amnistía Internacional pidió incluso que se investigue penalmente al alto mando de Carabineros, incluidos el ex general director Mario Rozas Córdova y el actual general director Ricardo Yáñez Reveco, por sus presuntas responsabilidades durante las revueltas, en un informe publicado en 2020 y en un nuevo pedido en 2021.

Frente a esto, el gobierno de Chile respondió que este reporte realiza «aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial».

Carabineros criticó el informe por “una serie de imprecisiones y omisiones».

A comienzos de marzo la Contraloría General de Chile anunció que había concluido el sumario contra funcionarios de Carabineros iniciado en noviembre de 2019 y en medio de las protestas, y que los resultados serían enviados a las autoridades competentes.

El camino a un acuerdo

Las protestas comenzaron a menguar tras el «Acuerdo para la Paz», y especialmente a partir de marzo de 2020, luego de que Piñera convocara el plebiscito para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución.

Bellolio dijo a CNN que aunque los manifestantes no reclamaron inicialmente una nueva constitución, dado que los reclamos eran bastante diversos y heterogéneos, «el mundo político –el parlamento chileno– decodificó la protesta, entendió que el mínimo común denominador era una impugnación de estas reglas».

«Es una forma institucional y pacífica de canalizar el conflicto social, la crisis de legitimidad de sus instituciones tenía que resolverse creando nuevas instituciones, a través de un proceso en el que todas las partes estuvieran sentadas. A diferencia de la constitución del 80 [aprobada durante la dictadura de Pinochet], que es la de los vencedores por así decirlo, del dictador y su sector político, la gracia de este proceso es que todas las fuerzas políticas tengan voz y voto».

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. (Crédito: Marcelo Hernandez/Getty Images)

La consulta popular, que tuvo una participación del 50,90% del electorado, se realizó finalmente el 25 de octubre de 2020 y dio como resultado el triunfo de la propuesta para redactar una nueva constitución (78,27%) y para la formación de una Convención Constitucional (78,99%), es decir compuesta por constituyentes electos por voto popular, para llevarlo a cabo.

Holzmann dijo a CNN que los resultados demuestran, a su criterio, que Chile no estaría polarizado. «Un 80% de la población está de acuerdo en que se debe cambiar esta constitución. Es muy importante porque ratificó que la vía institucional estaba prevaleciendo».

El analista también sostuvo que, aunque el 51% de participación puede ser «teóricamente» insuficiente para garantizar la legitimidad del proceso, «desde el punto de vista de los procesos en Chile es suficiente porque es superior al promedio de las últimas elecciones y es más de la mitad».

La elección de constituyentes

Luego, entre el 15 y 16 de mayo de 2021, se realizaron las elecciones para elegir a los constituyentes que redactarán la nueva Constitución. Elisa Loncón, una lingüista y activista chilena que pertenece al pueblo mapuche, fue elegida como presidenta de la Convención Constitucional.

«Aquí en Chile, a partir del 18 de octubre de 2019, el pueblo hizo una sinergia con el movimiento indígena, se estableció una inteligibilidad en cuanto a las demandas políticas, donde el movimiento feminista, los movimientos por la diversidad sexual, el movimiento por el agua, lograron comprender que la lucha de las naciones originarias, y principalmente la mapuche, es una lucha similar», dijo Loncón durante en entrevista con Carmen Aristegui.

«Quedaron electos representantes de los partidos políticos en mucho menor cuantía y se incorporan muchos independientes, entre ellos los que antes estaban en la calle protestando. Está todo Chile representado en la convención y se planteó además la incorporación de pueblos originarios», dijo Holzmann.

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De acuerdo con el gobierno de Chile, esta Convención está compuesta por 155 miembros (elegidos con criterios de igualdad de género) y cuenta con nueve meses para presentar el texto de la nueva Constitución, con posibilidad de obtener una extensión de tres meses en el plazo. Si no se cumple el plazo, la mesa de la convención debe solicitar al Congreso una reforma por una sola vez pidiendo una nueva extensión.

Luego, a mediados de 2022 el texto final deberá ser sometido a un nuevo plebiscito para su aceptación.

Tras una primera sesión frustrada por desperfectos técnicos, la Convención Constitucional inició sus funciones el 7 de julio en el edificio del ex Congreso Nacional de Santiago.

Qué está en juego en esta Convención

Para Holzmann, uno de los principales desafíos a los que enfrenta la Convención Constitucional es que efectivamente pueda redactar una constitución en el plazo previsto. «Tiene que ver con la capacidad de diálogo, porque son personas muy distintas, y en lograr acuerdos en un espacio democráticamente definido».

Destaca que los constituyentes deben acordar con dos tercios de los votos el reglamento, la secretaría técnica y el comité de asignaciones de la Convención, antes de poder debatir los temas de fondo. Y eso puede llevar mucho tiempo.

Personas reunidas el 4 de julio frente al Palacio del ex Congreso Nacional de Chile, que alberga a la Convención Constitucional. (Crédito: Marcelo Hernandez/Getty Images)

Al mismo tiempo, el proceso constituyente tendrá lugar en coincidencia con la campaña presidencial en Chile, donde se elegirá a un nuevo mandatario el 21 de noviembre de 2021, agregando dificultades.

Bellolio, por su parte, resaltó que la fragmentación entre los constituyentes y su falta de experiencia podría traer dificultades.

«Hay cuatro o cinco fuerzas políticas que se atribuyen la vocería de ese mundo más progresista y transformador. Muchos no tienen experiencia en tramitación parlamentaria, así que ha sido bastante complejo organizar la discusión».

«La gran pregunta es si la izquierda, que cuenta con los dos tercios entre todas las fuerzas, va a usar todo su poder para aplastar a la derecha, o si habrá espacio para puntos de acuerdo», agregó.

Sin embargo, para el analista es «muy temprano» para hacer un juicio. «Lo importante es que no se instale en la opinión pública que esta convención es igual de confrontativa e ineficiente que el parlamento, que tiene una pésima reputación».

 Con información de Cristopher Ulloa, Carmen Aristegui, Daniela Mohor W., Taylor Barnes y Helen Regan.

Un año después del final de las manifestaciones que tuvieron en vilo a Chile, una Convención Constitucional se encuentra ya en marcha desde el 7 de julio para intentar presentar una nueva carta magna que pueda dar respuesta a la crisis.
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