DE UN MUNDO RARO / Por Miguel Ángel Isidro
Para cuando usted les estas líneas, ya habrá tenido lugar la llamada Consulta Popular 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral y consignada entre la opinión pública como la “consulta para enjuiciar a los ex presidentes”.
A reserva de sus resultados, que muy seguramente serán motivo de un amplio debate, dicho ejercicio concitó posiciones encontradas, mayoritariamente en dos sentidos: quienes desde un principio la consideraron como un ejercicio inútil invocando la idea central de que “la ley no se consulta”; y en contraposición directa, quienes sostienen la idea de que dicha consulta sentará las bases para un proceso de justicia transicional, entendida como una necesaria revisión de las decisiones tomadas en el pasado inmediato.
Los partidarios de ésta última idea, entre quienes se encuentran mayoritariamente los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su partido -Morena- y en general de la llamada Cuarta Transformación han adelantado que, independientemente de los alcances legales de la consulta celebrada este 1 de agosto, el ajuste de cuentas con el llamado “periodo neoliberal”, comprendido según su visión por los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto requiere de la conformación de una Comisión de la Verdad que se encargue de revisar las consecuencias de las decisiones políticas y de administración pública tomadas desde el gobierno federal durante ese periodo de 36 años.
En rueda de prensa durante una visita a Tapachula Chiapas el pasado 29 de junio, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado reclamó para su partido la iniciativa de liderar ese proyecto: “Independientemente del resultado de la consulta popular, en Morena vamos a buscar la ruta para que se cree una comisión de la verdad y los expresidentes paguen por los crímenes que cometieron. No vamos a descansar hasta que se haga justicia”, aseveró el dirigente morenista.
La moción ha sido replicada por una importante cantidad de legisladores, columnistas y opinólogos afines a la 4T, quienes parecieran ver en la integración de dicha comisión los alcances de un tribunal de alzada con capacidades ultra constitucionales que por fin podría ayudarle al actual régimen a ponerle el cascabel al gato en su quijotesca lucha contra la corrupción. Algo así como un premio de consolación en caso de que la famosa consulta no cumpla con las expectativas generadas por sus promotores.
Sin embargo, dicha idea me remite a una anécdota que alguien atribuyó en su momento al desaparecido ex gobernador de Morelos Lauro Ortega Martínez, a manera de lección de pragmatismo político: “Si quieres salir del paso frente a un problema político o social, pide a los involucrados que formen una comisión, tan amplía e incluyente como el tema lo amerite. Para cuando los comisionados logren ponerse de acuerdo en algo, ya hasta se les habrá olvidado el objetivo de su comisión; o ha se les habrá acabado el sexenio”.
Suponiendo que el presidente López Obrador -¿quién si no Él?- decidiese arropar la propuesta de crear ese organismo plenipotenciario, el principal problema sería no sólo a quién designar para encabezarla, sino también sus alcances legales.
Y no es que los ex presidentes del llamado “periodo neoliberal” no tengan cola que les pisen; al contrario: sus latrocinios en contra del interés público son múltiples y variados, y de ahí lo complejo del tema. ¿Podríamos poner en la misma bolsa los expedientes del Fobaproa con los de la “Guerra contra el Narco”, las privatizaciones de paraestatales o el espionaje a periodistas y líderes opositores, sólo por mencionar algunos tópicos? ¿Se imagina usted el equipo multidisciplinario que debiera integrarse para dar seguimiento a cada uno de los temas pendientes de cada sexenio?
La simple labor de jerarquizar las cuentas pendientes de cada ex mandatario implicaría un problema mayúsculo. Además la comisión, para tener respaldo legal, debiera contar con la participación de representantes de los tres poderes. Pero si ya de por sí los funcionarios federales, los legisladores y los magistrados no cumplen ni con lo que legalmente les toca… ¿de verdad podrían con más trabajo?
A veces se piensa que la resolución de un conflicto político o social es una mera cuestión de voluntad política. A eso se refería Vicente Fox cuando, en uno de sus múltiples dislates verbales se dijo capaz de resolver el conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas “en quince minutos”. Para desgracia de los chiapanecos y del país en su conjunto, el parlanchín guanajuatense se tardó el resto de su sexenio en percatarse que el asunto implicaba mucho más que ir a la selva a tomarse la foto con el Subcomandante Marcos, y que la agenda de los grupos marginados iba más allá del territorio chiapaneco: se trata del legítimo reclamo de los pueblos originarios a defender su patrimonio territorial, cultural y sus formas ancestrales de vida y organización.
Acometer en su justa dimensión los estragos generados por décadas de corrupción implica una tarea de por sí compleja. Cada uno de los casos debiera remitirse a un análisis detallado, informado y sobre todo, transparente. Y ninguno de esos atributos ha caracterizado lamentablemente a la toma de decisiones durante el mandato de López Obrador, donde pareciera que el sol sale y se oculta a la hora que decide el Presidente.
Aún conformando la dichosa Comisión de la Verdad, habría que ver si su titular podría tener el carácter suficiente para estar siempre dos pasos atrás de AMLO. Ni siquiera imaginar que los avances de dichas tareas pudieran ser presentados en otro espacio que no sea la famosa “conferencia mañanera”… con todo lo que esto pudiese implicar.
Tomemos como referencia sólo uno de los casos recientemente heredados al actual régimen: la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa suscitada en Iguala, Guerrero, ocurrida hace ya casi siete años. A tres años de la presente administración, se han revelado a cuentagotas los principales yerros de la pasada administración que, por omisión o mala fe entorpecieron el esclarecimiento del caso. Sin embargo, a la mitad del sexenio, el cierre total del caso aún está en suspenso.
A inicios de su mandato, el ex presidente Vicente Fox Quesada anunció la creación de lo que se denominó la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSOPP), a la que se le encomendó la delicada labor de investigar los pormenores de la llamada “Guerra Sucia”, a través de la cual el gobierno mexicano efectuó la persecución, encarcelamiento y desaparición de líderes opositores durante las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s del siglo pasado. Tras cuatro años de trabajo, durante los cuales contó con respaldo y presupuesto federal, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto dio a conocer parcialmente un informe de sus investigaciones que en realidad fue un carpetazo en seco.
A pesar de las expectativas creadas en torno a las presuntas responsabilidades de figuras tan prominentes como el ex presidente Luis Echeverría o el ex secretario de la Defensa Nacional Arturo Acosta Chaparro, o el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad Miguel Nazar Haro, la entidad terminó por señalar que no existían elementos suficientes para establecer responsabilidades penales directas por parte de quienes tuvieron a su cargo las más altas responsabilidades de seguridad e inteligencia nacional en uno de los episodios más complicados de nuestra historia contemporánea.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos revelaron que de los más de cien expedientes abiertos por la FEMOSOPP, sólo uno llegó a ser judicializado: el caso del ex agente de la Dirección Federal de Seguridad Esteban Guzmán Salgado, sometido a proceso por la desaparición del activista Miguel Ángel Hernández Valerio, ocurrida en 1977 en Mazatlán, Sinaloa, siendo sentenciado a finales de 2009, es decir… tres años después de la desaparición de la FEMOSOPP.
Otro caso que tuvo avance en positivo fue el del general Francisco Quirós Hermosillo, identificado como responsable de la desaparición del activista Rosendo Radilla Pacheco en 1974. Finalmente un juez de distrito con sede en Acapulco, Guerrero concedió la orden de aprehensión en contra del militar… pero la muerte fue más efectiva que los ministeriales a cargo de la indagatoria. El general murió de cáncer a principios de 2006; casi un año después de que se liberase la orden de aprehensión en su contra.
Cabe mencionar que el expediente completo de las investigaciones de la FEMOSOPP no fue dado a conocer sino hasta el presente año, cuando también se exhibieron algunos gastos excesivos de su titular. Total que una importante promesa de justicia histórica terminó en un espantoso fiasco.
Ateniéndonos a la historia y a las condiciones actuales del panorama político nacional, sería interesante preguntarnos a qué personaje o grupo de personajes podría encomendarse tan importante y complicada labor.
Sólo esperemos que para la creación de la famosa Comisión de la Verdad no sea necesario llevar a cabo, una vez más… otra consulta pública.
La política mexicana cumpliendo una vez más la sempiterna alegoría de la serpiente que se muerde la cola…
Para comentar debe estar registrado.