Oposición uruguaya denuncia a funcionarios por acuerdo con portuaria belga

(CNN Español) — El partido opositor Frente Amplio presentó este miércoles una denuncia penal contra funcionarios y un ministro del Gobierno de Uruguay, a quienes acusa de haber otorgado por decreto a la empresa belga Katoen Natie lo que consideran un monopolio privado para operar el puerto de Montevideo hasta el año 2081.

La denuncia de la coalición de izquierda, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, pide investigar al exministro de Transporte y Obras Públicas y actual jefe de la cartera de Interior, Luis Alberto Heber, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola.

Una vez conocida la denuncia, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter: «Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar en claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad». Posteriormente, en un acto político en la ciudad de Salto, el mandatario reafirmó estar «muy tranquilo con lo que se hizo». «Insisto: tienen todo el respaldo del presidente de la república», agregó.

CNN está intentando obtener la reacción de los funcionarios involucrados, pero hasta ahora ellos no han respondido. Sin embargo, durante una interpelación parlamentaria el 18 de agosto, Heber negó que se estuviera consagrando un monopolio portuario en favor de la empresa belga, y argumentó que lo que se decidió es «cumplir la ley de puertos» al garantizar que la terminal especializada tenga prioridad en la operativa de contenedores.

Vista aérea de la bahía y puerto de Montevideo el 5 de noviembre de 2020. (Crédito: Pedro Ugarte/ AFP/ Getty Images)

Algo similar argumentó la empresa belga Katoen Natie, que en mayo emitió un comunicado en el que denunció una «campaña de agravios» contra su empresa y agregó que, contrariamente a lo denunciado, ahora «el Estado uruguayo restableció la legalidad del cual se había apartado por más de 12 años». CNN está tratando de comunicarse con la compañía, hasta ahora sin obtener respuesta.

La denuncia presentada por el Frente Amplio consta de 58 folios, fue firmada por ocho senadores y entregada a la Fiscalía General de la Nación.

Los detalles de la acusación

Ese documento dice que «los denunciados perpetraron una serie de estratagemas y actos engañosos varios, que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad». La denuncia agrega que los señalados actuaron «sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como ‘dueños del Estado’».

Según la oposición, estos cuatro funcionarios tomaron decisiones inconsultas con los propios servicios jurídicos del Gobierno, que podrían configurar los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal público y abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.

Varios dirigentes opositores, como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinaron que a través de su reacción en Twitter el presidente Lacalle buscó presionar a la Justicia.

Orsi sostuvo que el hecho de que «un presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal. Quien determina las responsabilidades es el Poder Judicial. Aunque no haya sido la intención, es una forma de presión».

Mientras tanto, los trabajadores del puerto de Montevideo culminaron este jueves 72 horas de paro de actividades que paralizaron la carga y descarga de contenedores, en rechazo al acuerdo con Katoen Natie y en reclamo de un acuerdo colectivo. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó que el paro era un «golpe al hígado» de la economía uruguaya.

(CNN Español) — El partido opositor Frente Amplio presentó este miércoles una denuncia penal contra funcionarios y un ministro del Gobierno de Uruguay, a quienes acusa de haber otorgado por decreto a la empresa belga Katoen Natie lo que consideran un monopolio privado para operar el puerto de Montevideo hasta el año 2081.

La denuncia de la coalición de izquierda, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, pide investigar al exministro de Transporte y Obras Públicas y actual jefe de la cartera de Interior, Luis Alberto Heber, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola.

Una vez conocida la denuncia, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter: «Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar en claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad». Posteriormente, en un acto político en la ciudad de Salto, el mandatario reafirmó estar «muy tranquilo con lo que se hizo». «Insisto: tienen todo el respaldo del presidente de la república», agregó.

CNN está intentando obtener la reacción de los funcionarios involucrados, pero hasta ahora ellos no han respondido. Sin embargo, durante una interpelación parlamentaria el 18 de agosto, Heber negó que se estuviera consagrando un monopolio portuario en favor de la empresa belga, y argumentó que lo que se decidió es «cumplir la ley de puertos» al garantizar que la terminal especializada tenga prioridad en la operativa de contenedores.

Vista aérea de la bahía y puerto de Montevideo el 5 de noviembre de 2020. (Crédito: Pedro Ugarte/ AFP/ Getty Images)

Algo similar argumentó la empresa belga Katoen Natie, que en mayo emitió un comunicado en el que denunció una «campaña de agravios» contra su empresa y agregó que, contrariamente a lo denunciado, ahora «el Estado uruguayo restableció la legalidad del cual se había apartado por más de 12 años». CNN está tratando de comunicarse con la compañía, hasta ahora sin obtener respuesta.

La denuncia presentada por el Frente Amplio consta de 58 folios, fue firmada por ocho senadores y entregada a la Fiscalía General de la Nación.

Los detalles de la acusación

Ese documento dice que «los denunciados perpetraron una serie de estratagemas y actos engañosos varios, que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad». La denuncia agrega que los señalados actuaron «sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como ‘dueños del Estado’».

Según la oposición, estos cuatro funcionarios tomaron decisiones inconsultas con los propios servicios jurídicos del Gobierno, que podrían configurar los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal público y abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.

Varios dirigentes opositores, como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, opinaron que a través de su reacción en Twitter el presidente Lacalle buscó presionar a la Justicia.

Orsi sostuvo que el hecho de que «un presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal. Quien determina las responsabilidades es el Poder Judicial. Aunque no haya sido la intención, es una forma de presión».

Mientras tanto, los trabajadores del puerto de Montevideo culminaron este jueves 72 horas de paro de actividades que paralizaron la carga y descarga de contenedores, en rechazo al acuerdo con Katoen Natie y en reclamo de un acuerdo colectivo. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó que el paro era un «golpe al hígado» de la economía uruguaya.

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