La respuesta de un profesor de la UNAM a AMLO

Por Rodolfo Veloz Bañuelos

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México no ha perdido su esencia popular y revolucionaria que le dio origen.

La enseñanza del derecho en México tiene sus raíces en la época de la Colonia y también el derecho agrario cuando Fray Alonso de la Vera Cruz, uno de los fundadores de la Real y Pontificia de la Universidad de México, impartió las primeras cátedras sobre los derechos territoriales y humanos de los indígenas.

La Facultad de Derecho actual, fundada en 1910, heredera de las antiguas Escuelas de Jurisprudencia, siempre abrazó las mejores causas de nuestro país.

En la Reforma y en la Revolución el derecho fue impulsor del desarrollo histórico. La cátedra de Derecho Agrario en nuestra Facultad fue creada en 1928 por el maestro Lucio Mendieta y Núñez, para difundir el naciente derecho social acunado en el artículo 27 de la Constitución de 1917, consagrando el reparto de tierras y la restitución de las despojadas a los pueblos indígenas.

Una Reforma Agraria que fue replicada en muchas de las Constituciones de otros países, especialmente en Latinoamérica.
Y desde entonces, nunca se ha dejado de impartir como cátedra obligatoria.

Es una de las pocas Facultades de México que la mantienen en su programa académico, aun después de la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, que suprimió el reparto, y cuando se pensó que “acabado el reparto de tierras, desaparecería el derecho agrario” y todos sus institutos regresarían al maltrecho seno del Derecho Civil.
Nuestra Casa de Estudios no ha perdido sus raíces populares.

El Derecho Social, surgido con la Constitución de 1917, con todas sus especialidades en el derecho agrario como laboral, es uno de los pilares tanto en el nivel licenciatura, como en la División de Estudios Superiores.
Nuestros profesores y alumnos asesoran gratuitamente a campesinos y trabajadores en sus conflictos.

Presentan estudios y proyectos de reformas legislativas para actualizar las normas a la cambiante realidad nacional.

En contraste, el Gobierno Mexicano ha paralizado el crecimiento y actualización del Derecho Agrario.

La Ley Agraria, que data de hace casi 30 años, conserva los toques liberales que tanto escozor le causa al Gobierno.

Lejos de actualizarla, se ha aprovechado de ella, para convertir a la que fuera Secretaría de la Reforma Agraria en una secretaría de la vivienda, a partir de que los terrenos agrarios ahora pueden ser convertidos en inmuebles de propiedad privada y con ello, más de la mitad del territorio nacional está a la venta del mejor postor.

La estructura administrativa sigue siendo la misma o peor que la anterior.

El Desarrollo Rural se le ha encargado a una Secretaría y el Desarrollo Agrario a otra y ninguna de las dos hace lo que en teoría deberían ser: dos políticas públicas destinadas a impulsar el desarrollo de la vida de los campesinos y de nuestros indígenas.

Al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario puso a un arquitecto, fruto de sus cuotas de los medios.

Dicho funcionario nada quiere saber de los problemas campesinos.

Desapareció la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y sus dependencias están enfocadas principalmente a la construcción de vivienda.

Las instituciones que debieran ser fundamentales para la seguridad jurídica de los núcleos agrarios y los pequeños propietarios, que son los Tribunales Agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se mantienen en la llamada miseria republicana, buscando quien les presta locales donde trabajar, porque no tienen ni para pagar la renta.

Se busca la soberanía en la gasolina, pero se abandona la soberanía y seguridad alimentarias.

Las importaciones de alimentos empobrecen a los campesinos mexicanos, que no pueden competir con los norteamericanos por el monto de los subsidios que estos reciben.

Los precios de garantía impuestos por el Gobierno para los productos alimentarios representan un subsidio para los consumidores alimentarios.

Los campesinos soportan el desarrollo económico del país, porque con el sacrificio de los precios de sus productos alimentan a bajo costo al resto de la población de trabajadores de la industria y el comercio.

Y todo esto no pasa por el pensamiento mañanero de quien, supuestamente, está a cargo de la transformación de la historia de México. La fuente de “los otros datos” lo mantiene fuera de la realidad en materia agraria,
La Universidad Nacional Autónoma de México y todas las universidades públicas incorporadas en el país que siguen sus programas de estudio, no se han individualizado, ni han caído prisioneras en el cadalso de ningún dogma o ideología.

Con su autonomía de cátedra, son el crisol del pensamiento nacional, porque en sus aulas caben todas las corrientes filosóficas, económicas, políticas y sociales.

Esa es la esencia de la libertad de pensamiento.

No caeremos en la provocación de falsas imputaciones, producto de viejos resquemores y frustraciones estudiantiles, porque daríamos pie a que el poder político, de una falsa, ridícula y mal pergeñada ideología, sacuda la autonomía que preside la vida universitaria y que tantas luchas de nuestros profesores y alumnos nos han costado.

A la provocación del poder, los universitarios han respondido siempre, primero con un ¡GOYA. UNIVERSIDAD!

Rodolfo Veloz Bañuelos,
Profesor por Oposición de Derecho Agrario y
Derecho Procesal Agrario, en la
Facultad de Derecho de la UNAM.

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