OPINIÓN | Bolsonaro será castigado de una forma u otra por su mal manejo de la pandemia

Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford UniversityPress en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN Español) — La decisión de una comisión investigadora del Senado de Brasil de enviar al fiscal general del país un informe de más de 1.200 paginas sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro ha tenido un gran eco en América Latina y en el resto del mundo. Por siete votos contra cuatro, la comisión acordó acusar al presidente de cometer una serie de crímenes de lesa humanidad, que resultaron en más 120.000 decesos evitables, debido a los que -se afirman- fueron sus errores o descuidos en la respuesta al covid-19. Se trata de un ejemplo para el mundo.

El informe sostiene que Bolsonaro “minimizó la pandemia, defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre la eficacia de las vacunas”. Además, puso en práctica una “torpe” política de vacunación e incurrió en la posible compra fraudulenta de la vacuna india Covaxin. Agrega el informe otra lista de presuntos delitos: “epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de subvenciones, prevaricación y dos cargos tipificados como crímenes de responsabilidad”. Bolsonaro dijo en julio sobre la CPI: «Me quieren acusar de genocidio. Ahora, dígame ¿en qué país no ha muerto gente? Esta CPI no tiene credibilidad», dijo Bolsonaro.

Es altamente improbable que la acusación formulada por la comisión prospere. El fiscal Augusto Aras fue nombrado por Bolsonaro y es su aliado. El presidente de la Cámara de Diputados –que debe votar sobre las acusaciones–, Arthur Lira, lo es también, y es de dudarse que esa Cámara respalde el procedimiento de impeachment o destitución, si se procediera por esa vía. Lo importante, sin embargo, no parece ser el desenlace jurídico del proceso, sino las consecuencias políticas dentro de Brasil y el ejemplo que significa para otros países.

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales en ese país. Bolsonaro se encuentra casi 20 puntos porcentuales por debajo de quien será muy probablemente el candidato de la izquierda y la centroizquierda, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, impedido de competir contra él en 2018, pero hoy rehabilitado. La acusación de la comisión del Senado mantendrá la gestión de la pandemia en la agenda por varios meses más, acentuando el debilitamiento de Bolsonaro. Aunque nada está escrito, la reelección del presidente de ultraderecha se antoja difícil a estas alturas. En otras palabras, la pésima conducción de la pandemia por Bolsonaro será castigada o sancionada en las urnas por los votantes brasileños, aunque no lo sea por el sistema judicial del país, ni por la Corte Penal Internacional de La Haya, donde la comisión quisiera enviar también las acusaciones contra Bolsonaro. Pero se habrá hecho el intento.

Esto ya sucedió con otros mandatarios en el mundo, especialmente con Donald Trump. Casi todas las acusaciones formuladas contra Bolsonaro podrían dirigirse también contra Trump, desde la exaltación de medicamentos inútiles o métodos dañinos (incluyendo inyectar desinfectante como tal), hasta el hecho de minimizar el coronavirus durante varias semanas o incluso meses. En noviembre pasado, los electores estadounidenses no reeligieron a Trump, en parte por eso. https://edition.cnn.com/2021/02/02/politics/trump-2020-reelection-loss-covid/index.html Pero hasta ahora, los demócratas en el Congreso no han querido investigar su desempeño en esta materia (a diferencia de su responsabilidad por la insurrección del 6 de enero en el Capitolio). Sostienen que es más importante sacar adelante su agenda económica y social. Tal vez tengan razón, pero diluir el principio de la rendición de cuentas no solo en las urnas sino también ante la ley es siempre una mala idea, aunque parezca conveniente y expedito.

El caso de Brasil sienta un precedente, sobre todo para otros países donde el castigo electoral no se ha producido, por múltiples razones. Modi, en la India; López Obrador, en México, y algunos mandatarios de Europa central mantienen elevados índices de popularidad a pesar de sus terribles errores administrando la pandemia, incluyendo varios parecidos a los de Bolsonaro. Dicha popularidad, que se debe a una multiplicidad de factores –étnicos, religiosos, ideológicos– no debe esconder el grave y mal manejo de la pandemia, y la enorme cantidad de muertes que se habrían podido evitar. Es por ello que el proceso judicial, trátese de crímenes de lesa humanidad, de genocidio (una de las acusaciones que la comisión del Senado finalmente descartó), de corrupción o de engaño a la población, no deben permanecer impunes. Las urnas cuentan, y cuentan mucho. Pero la rendición de cuentas legal debe darse, de un modo o de otro. Brasil está mostrando un camino innovador e inteligente. Debería seguirse en otros países.

Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford UniversityPress en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN Español) — La decisión de una comisión investigadora del Senado de Brasil de enviar al fiscal general del país un informe de más de 1.200 paginas sobre la gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro ha tenido un gran eco en América Latina y en el resto del mundo. Por siete votos contra cuatro, la comisión acordó acusar al presidente de cometer una serie de crímenes de lesa humanidad, que resultaron en más 120.000 decesos evitables, debido a los que -se afirman- fueron sus errores o descuidos en la respuesta al covid-19. Se trata de un ejemplo para el mundo.

El informe sostiene que Bolsonaro “minimizó la pandemia, defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre la eficacia de las vacunas”. Además, puso en práctica una “torpe” política de vacunación e incurrió en la posible compra fraudulenta de la vacuna india Covaxin. Agrega el informe otra lista de presuntos delitos: “epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de subvenciones, prevaricación y dos cargos tipificados como crímenes de responsabilidad”. Bolsonaro dijo en julio sobre la CPI: «Me quieren acusar de genocidio. Ahora, dígame ¿en qué país no ha muerto gente? Esta CPI no tiene credibilidad», dijo Bolsonaro.

Aprueban recomendar cargos contra Jair Bolsonaro por mal manejo de la pandemia

Es altamente improbable que la acusación formulada por la comisión prospere. El fiscal Augusto Aras fue nombrado por Bolsonaro y es su aliado. El presidente de la Cámara de Diputados –que debe votar sobre las acusaciones–, Arthur Lira, lo es también, y es de dudarse que esa Cámara respalde el procedimiento de impeachment o destitución, si se procediera por esa vía. Lo importante, sin embargo, no parece ser el desenlace jurídico del proceso, sino las consecuencias políticas dentro de Brasil y el ejemplo que significa para otros países.

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales en ese país. Bolsonaro se encuentra casi 20 puntos porcentuales por debajo de quien será muy probablemente el candidato de la izquierda y la centroizquierda, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, impedido de competir contra él en 2018, pero hoy rehabilitado. La acusación de la comisión del Senado mantendrá la gestión de la pandemia en la agenda por varios meses más, acentuando el debilitamiento de Bolsonaro. Aunque nada está escrito, la reelección del presidente de ultraderecha se antoja difícil a estas alturas. En otras palabras, la pésima conducción de la pandemia por Bolsonaro será castigada o sancionada en las urnas por los votantes brasileños, aunque no lo sea por el sistema judicial del país, ni por la Corte Penal Internacional de La Haya, donde la comisión quisiera enviar también las acusaciones contra Bolsonaro. Pero se habrá hecho el intento.

Esto ya sucedió con otros mandatarios en el mundo, especialmente con Donald Trump. Casi todas las acusaciones formuladas contra Bolsonaro podrían dirigirse también contra Trump, desde la exaltación de medicamentos inútiles o métodos dañinos (incluyendo inyectar desinfectante como tal), hasta el hecho de minimizar el coronavirus durante varias semanas o incluso meses. En noviembre pasado, los electores estadounidenses no reeligieron a Trump, en parte por eso. https://edition.cnn.com/2021/02/02/politics/trump-2020-reelection-loss-covid/index.html Pero hasta ahora, los demócratas en el Congreso no han querido investigar su desempeño en esta materia (a diferencia de su responsabilidad por la insurrección del 6 de enero en el Capitolio). Sostienen que es más importante sacar adelante su agenda económica y social. Tal vez tengan razón, pero diluir el principio de la rendición de cuentas no solo en las urnas sino también ante la ley es siempre una mala idea, aunque parezca conveniente y expedito.

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El caso de Brasil sienta un precedente, sobre todo para otros países donde el castigo electoral no se ha producido, por múltiples razones. Modi, en la India; López Obrador, en México, y algunos mandatarios de Europa central mantienen elevados índices de popularidad a pesar de sus terribles errores administrando la pandemia, incluyendo varios parecidos a los de Bolsonaro. Dicha popularidad, que se debe a una multiplicidad de factores –étnicos, religiosos, ideológicos– no debe esconder el grave y mal manejo de la pandemia, y la enorme cantidad de muertes que se habrían podido evitar. Es por ello que el proceso judicial, trátese de crímenes de lesa humanidad, de genocidio (una de las acusaciones que la comisión del Senado finalmente descartó), de corrupción o de engaño a la población, no deben permanecer impunes. Las urnas cuentan, y cuentan mucho. Pero la rendición de cuentas legal debe darse, de un modo o de otro. Brasil está mostrando un camino innovador e inteligente. Debería seguirse en otros países.

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