DE UN MUNDO RARO / Por Miguel Ángel Isidro
Una de las consecuencias directas de la Revolución Mexicana de 1910, fue el surgimiento de un nuevo estamento en la clase política mexicana: el Ejército Constitucional.
No es que la milicia fuese una nueva invención; de hecho México es un país en el que las guerras han sido más importantes que la democracia en el impulso a los grandes cambios políticos y sociales. Sin embargo, al concluir el movimiento armado, se configuró un nuevo contrato social que, por la vía constitucional, somete al Ejército bajo el mando del gobierno civil, dando al titular del Poder Ejecutivo Federal el rango de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
Uno de los aspectos más curiosos de nuestra historia final es lo complicado que resulta determinar cuando se cierra una determinada etapa y comienza otra. En nuestros libros de texto se da por sentado que la Revolución Mexicana tiene su punto culminante en la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917; pero en realidad muchos frentes de conflicto continuaban abiertos a lo largo y ancho del país. Hay quienes ubican el fin de la Revolución con el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, y otros tantos consideran que dicha etapa concluyó con la conformación del Partido Nacional Revolucionario en 1929.
Lo que es un hecho, es que tomó casi la mitad del siglo pasado consolidar el sistema republicano, dar solidez a la división de poderes y separar por completo al Ejército del poder político. Fue hasta 1946 cuando la Presidencia de la República pudo ser ocupado por un político no emanado del orden militar: Miguel Alemán Valdés, a quien a la postre se atribuye la controversial paternidad de una nueva clase política, proclive al desarrollo de negocios al amparo del poder. Una especie de “capitalismo de compadres”.
Sin duda alguna, el Ejército es una de las instituciones que goza de mayor prestigio entre la opinión pública mexicana; se le han asignado labores de asistencia a la población civil en casos de desastre a través del Plan DN-III y a partir de la desafortunada “Guerra contra el Narcotráfico” de Felipe Calderón incrementó su presencia territorial al brindar una presunta labor de apoyo a las tareas de seguridad, lo cual no necesariamente ha contribuido a la pacificación del país.
Hago toda esta relatoría al papel del ejército en nuestra historia moderna para reflexionar acerca del impacto de la reciente presentación del Tercer Informe del Caso Ayotzinapa por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuva al gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos que propiciaron la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en actos registrados en la ciudad de Iguala, Guerrero en el año 2014.
Las más fuertes revelaciones de este nuevo informe apuntan a que tanto elementos del Ejército como de la Marina mantenían una labor de seguimiento a las actividades de los normalistas en tiempo previo a los hechos de Iguala, y que además, habrían participado activamente en la fabricación de evidencia y en la simulación de la posterior investigación emprendida por el gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto.
Uno de los elementos que mayor controversia han desatado en el marco de este informe fue la revelación de una serie de videos que fueron desclasificados en base a un decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y de los cuales se establece que efectivos de la Marina ingresaron y efectuaron maniobras diversas previo a la inspección oficial realizada por la entonces Procuraduría General de la República en el basurero municipal de Cocula, donde se acuerdo a la versión dada a conocer entonces por el procurador Jesús Murillo Karam, integrantes del Cártel de los Guerrero Unidos habrían llevado a los normalistas para ejecutarlos e incinerarlos, para posteriormente arrojar sus cenizas al cauce del río San Juan. Dicha narrativa fue sostenida por el procurador y el gobierno federal de aquel entonces como la supuesta “Verdad Histórica” de los hechos, ahora cuestionada por completo.
Más allá de los argumentos políticos, es un hecho que en lamentable episodio de Iguala, las fuerzas armadas jugaron un papel clave; no solo por la infiltración y seguimiento al movimiento de los normalistas, sino por su evidente resistencia a entregar toda la información necesaria para esclarecer los hechos.
De acuerdo a las declaraciones de los propios integrantes del GIEI en entrevistas a diversos medios de comunicación, los videos que muestran la manipulación de la escena y evidencias en el basurero de Cocula fueron filmados por un dron propiedad de la Secretaria de Marina, cuyo uso requería de autorizaciones del más alto nivel.
Sin menoscabo de los lamentables hechos inherentes a la desaparición de los 43 normalistas, y de las responsabilidades jurídicas y criminales de funcionarios de distinto nivel en la pasada administración federal, este nuevo episodio revela un delicado asunto que ha sido motivo de comentarios y análisis diversos durante los últimos dos sexenios y medio: la prevalencia de una “guerra sorda” entre la Marina y el Ejército, donde la primera ha ido desplazando al segundo en operaciones especiales vinculadas a los temas de narcotráfico y seguridad nacional.
¿Quiénes y con que propósito habrían autorizado el uso de tecnología para videograbar operaciones de elementos de la Marina, el Ejército y la PGR en Cocula? ¿Quién ordenó y con qué propósito mantener ese material dentro de los archivos clasificados?
Cómo es sabido, en la presente administración, y en sentido totalmente contrario a su promesa de campaña de “devolver al ejército a los cuarteles”, el Presidente López Obrador no sólo ha mantenido a las fuerzas armadas en tareas de seguridad nacional, simplemente cambiándoles el uniforme a través de la creación de la Guardia Nacional, sino además involucrando a la milicia en todo tipo de tareas y empresas; la construcción de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la operación de Aduanas y la distribución de medicamentos y vacunas; con lo cual ha constituido al fuero militar como su más importante aliado territorial.
Si analizamos en términos cronológicos y generacionales, la mayoría de los altos mandos militares actualmente en activo iniciaron su carrera en los sexenios de presidentes priistas como Luis Echeverría y José López Portillo. Muchos de ellos recibieron las promociones más importantes de sus respectivas carreras en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es decir, las relaciones de poder al interior de la milicia no necesariamente obedecen a los vaivenes de nuestra agitada escena política electoral. En los hechos, muchos de esos altos mandos mandos continuarán teniendo posiciones de relevancia aún después del presente sexenio, y mantendrán muchos de sus privilegios aún en el retiro (tal como lo establece la ley).
Será un importante para el Presidente López Obrador propiciar las condiciones para el cabal esclarecimiento de los hechos de octubre del 2014 en Iguala, Guerrero. En ello va de por medio la credibilidad de su gobierno en materia de justicia y derechos humanos, y el demostrar la efectividad de la Fiscalía General de la República como entidad autónoma.
Lo que es cierto, es que será complicado quedar bien con todos en ese propósito. Y si algo ha demostrado la clase militar de este país en toda su historia, es que no está acostumbrada a perder.
Al tiempo.
Twitter: @miguelisidro
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