DE UN MUNDO RARO / Por Miguel Ángel Isidro
A mediados del presente año, se cumplirán tres décadas de una controversial práctica en la industria discográfica: el “etiquetado preventivo” en las carátulas de las obras discográficas, alertando a los padres de familia sobre el “contenido explícito” en las canciones.
Si bien la práctica se remonta a 1985, con la aparición del Parent Music Resource Center (PMRC), fue hasta 1992 cuando la Asociación de la Industria Magnetofónica de América (RIAA, por sus siglas en inglés), tomó bajo su responsabilidad directa el etiquetado de las portadas de los álbumes con la leyenda “Parental Advisory: Explicit Lyrics” (“Advertencia Parental: Letras Explícitas”).
Al inicio de sus actividades, el PMRC, encabezado inicialmente por Tipper Gore, esposa del entonces senador y futuro vicepresidente norteamericano Al Gore buscó establecer mecanismos de restricción y censura sobre la música consumida por los jóvenes norteamericanos. Géneros musicales como el rock, el heavy metal y el rap fueron los principales focos de atención de éste grupo, al que se sumaron las esposas de otros connotados políticos estadounidenses.
Entre 1985 y 1991, el PMRC ejerció presión sobre las emisoras radiofónicas y los canales televisivos -principalmente la cadena MTV- para retirar de su programación canciones con contenidos alusivos a temáticas consideradas “poco apropiadas” para los menores de 21 años, entre ellas, el uso de lenguaje “blasfemo”, referencias sexuales y al consumo de alcohol y drogas, violencia o incitación al ocultismo.
En ese periodo inicial, el PMRC logró imponer la colocación de la etiqueta de advertencia parental sobre la cubierta de celofán que protegía la portada de los discos de larga duración. Sin embargo, en alianza con la industria discográfica, en 1992 los censores lograron dar un gran salto: la etiqueta restrictiva sería insertada directamente en la portada de los fonogramas, es decir, sería imposible de remover del producto ejerciendo una intervención directa en el arte gráfico de los discos, considerada una parte esencial del discurso de los artistas en la concepción integral de su trabajo.
El primer artista directamente afectado por la nueva disposición fue el grupo de rap 2 Live Crew, que para entonces ya era “cliente” del PMRC por el abierto contenido sexual de varios de sus temas. Eso los llevó incluso a generar una innovación en su propia discografía: comenzaron a lanzar sus discos en dos versiones; por un lado, la original y etiquetada con la advertencia parental, y una versión “limpia”, destinada a la rotación radiofónica y en lugares públicas. Incluso en los títulos desafiaron a los censores, al promover su álbum “Sports Weekend” con dos subtítulos alternativos: “As Nasty as they Wanna Be” y “As clean as they wanna be”.
Diversos artistas como Frank Zappa, Twisted Sister, NOFX y Megadeth, entre muchos otros, hicieron fuertes críticas y emprendieron diversas acciones legales y de protesta ante la censura impuesta por el PMRC y la industria musical.
En 1990, el grupo angelino Jane’s Addiction hizo una desafiante protesta ante la censura a la portada de su segundo álbum, “Ritual de lo Habitual”. La tapa original presentaba una escultura de la autoría del líder y vocalista del grupo Perry Farrel, representando a dos mujeres y un hombre desnudos, en una actitud sugerentemente sexual. Cuando la disquera sugirió a la banda reemplazar la portada, Farrel sugirió vender el disco con una funda totalmente blanca, con el nombre del grupo, y el texto de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, referente a la libertad de expresión. Dicho fotograma se convirtió en objeto de culto entre los seguidores del rock alternativo
Aunque el PMRC fue finalmente disuelto en la primera mitad de los noventas, la práctica del “etiquetado preventivo” se mantuvo por parte de la industria discográfica, y más allá de la clasificación de contenidos establecida por las autoridades en cada país, su uso se ha extendido a otros campos del entretenimiento, como las películas y videos distribuidas entre formatos de reproducción caseros (video cassettes, DVDs, Blue Ray y demás formatos), así como en video juegos y otros productos digitales.
Diversos países -México entre ellos- adoptaron también la medida, traduciendo la advertencia a sus respectivos idiomas.
Uno de los argumentos establecidos por los censores tiene que ver con la creencia de que la música puede influir en determinadas conductas antisociales e incluso delictivas por parte de los jóvenes, en virtud de su inmadurez y poca capacidad de discernimiento.
Bajo este argumento, artistas como la banda británica Judas Priest (1990) y el cantante norteamericano Marilyn Manson (1999), se vieron implicados en procesos legales relacionados a hechos de violencia juvenil. En el primer caso, al quinteto británico se les quiso responsabilizar del suicidio de dos jóvenes de 18 y 21 en 1988, bajo el argumento de que previo a atentar contra sus vidas, ambas víctimas habían estado escuchando repetidamente uno de los álbumes del grupo – el “Stained Class”- mientras consumían alcohol y marihuana. En el segundo caso, se pretendió fincar responsabilidad a Manson por el atentado perpetrado por dos jóvenes estudiantes en una preparatoria en Columbine, Colorado, donde abrieron fuego contra compañeros y profesores, dejando un saldo de 13 personas muertas y 24 heridas, además de que los propios atacantes (Dylan Klebold y Eric Harris, dos jóvenes estudiantes de 17 y 18 años), terminaron por quitarse la vida después del ataque.
En ninguno de los dos casos pudo comprobarse una relación directa entre los artistas y su obra musical con los lamentables hechos registrados. De hecho, en el caso de Columbine se presentaron testimonios de que a pesar de que uno de los dos atacantes tenía una camiseta de Marilyn Manson, ambos presentaban en general “un completo desprecio por la música y otras expresiones artísticas”, según lo estableció el jurado.
En diversas entregas de ésta misma columna hemos sostenido la idea de que la popularidad alcanzada por determinados géneros musicales o artistas es un reflejo del estado emocional de las masas. Sin embargo, querer responsabilizar a la música de cualquier conducta antisocial implica pasar por alto el contexto y las circunstancias que en particular empujan a determinados sujetos a cometer actos antisociales o violentos. Sería tanto como creer que el cualquier evento musical masivo se podría perpetrar una masacre multitudinaria sin previo aviso.
La imposición de prejuicios siempre resulta una salida fácil a la explicación de los grandes problemas sociales. Estigmatizar, segregar o prohibir resulta para muchos más fácil que ir a la raíz verdadera de nuestras deficiencias y fallas.
Toda esta reflexión me llevó a recodar un episodio reciente.
A finales de octubre pasado, una nota periodística generó relativa atención al ser reproducida en redes sociales y diversos portales de noticias: Propietarios de bares y discotecas de la ciudad de Cuernavaca consideraban la posibilidad de “vetar” la música de banda y el reggaetón como una medida preventiva “para evitar atraer clientes violentos”.
El despacho informativo fue generado a partir de una serie de declaraciones del presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos de la entidad morelense (ADICE), Humberto Arriaga Cardoza, al comentar los preparativos dispuestos para el “puente” de Día de Muertos por parte de los empresarios de Cuernavaca, en la búsqueda por recuperar clientes en plena pandemia.
En la entrevista reproducida por diversos medios de comunicación, el empresario discotequero aclaró que dicha disposición no se trataba de una “prohibición expresa”, sino de una “recomendación” extendida a sus agremiados a raíz de incidentes violentos registrados en algunos establecimientos de dicha ciudad en la segunda mitad del 2021, en los que clientes alcoholízalos protagonizaron riñas e incluso enfrentamientos armados con saldo de muertos y heridos, como fue el caso de los establecimientos denominados “Cosmo”, “Calipso” y “Casa Bacacho”, entre otros.
Durante la entrevista de referencia, el empresario omitió explicar -o los reporteros no se lo preguntaron-, bajo que estudio o evidencia se había determinado la existencia de una relación directa entre los hechos de violencia y determinados géneros musicales.
Hasta el momento desconozco si el “veto” al reggaetón y la banda tuvo vigencia en la entidad morelense, pero lo que es un hecho, es que la violencia en el territorio gobernado (sic) por el analfabeto ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha tenido tregua, en detrimento de los ciudadanos.
A treinta años de distancia los hechos hablan: de nada sirven los prejuicios. No acusemos a la música de lo que como ciudadanos “civilizados” no somos capaces de resolver.
¡Más música, menos etiquetas!
Twitter: @miguelisidro
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