DE UN MUNDO RARO / Por Miguel Ángel Isidro
La detención del ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de la justicia ha dado un giro de tuerca dramático al doloroso caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La detención del ex procurador se registró apenas un día después de que la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa creada hace tres años por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador presentara un informe en el que por primera vez se oficializan dos factores clave: el reconocimiento de que se trató de un “Crimen de Estado”, perpetrado en conjunto por elementos de un grupo criminal coludidos con elementos de distintas corporaciones policiacas y militares, y contando además con la participación dolosa u omisa de funcionarios de los tres niveles de gobierno. Asimismo, por primera vez se reconoce la falta de evidencias para sostener que los estudiantes pudieran ser encontrados con vida.
En total, además de la del ex procurador Murillo Karam, la Fiscalía liberó un total de 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.
Pareciera que finalmente, a ocho años de los hechos registrados en Iguala Guerrero entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, podría conocerse por fin qué fue lo que ocurrió con los estudiantes. En su informe final, la Comisión de la Verdad señala que no se tienen indicios de que los desaparecidos puedan continuar con vida, pero tampoco ofrece mayores detalles sobre la forma en que habrían sido ejecutados.
Más allá de las argumentaciones legales y criminalísticas que tengan lugar en la siguiente etapa de este caso, y que sin duda darán amplio material periodístico para los siguientes meses, el caso Ayotzinapa revela uno de los aspectos más lamentables dela realidad política y social de México: el desprecio por la vida humana por parte de delincuentes, funcionarios públicos, policías e integrantes de las fuerzas armadas.
Siendo objetivos, para nadie era un secreto el motivo de la presencia de los estudiantes normalistas en Iguala: al igual que durante muchos años, buscaban secuestrar autobuses para dirigirse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de Octubre en Tlatelolco. Marcha que, por cierto, ha perdido toda connotación ideológica para terminar convertida en una especie de “anarco-fest” en el que grupos radicales dan rienda suelta a su capacidad para la comisión de actos vandálicos pretendidamente justificados en una bandera política.
Habiendo además, evidencia de que el Ejército y la Marina mantenían labores de vigilancia sobre los movimientos de los normalistas, recurriendo incluso a la infiltración de algunos de sus efectivos en las filas estudiantiles -como las propias investigaciones oficiales lo han revelado- queda la duda: ¿quién dio la orden de retener y asesinar a los normalistas? Pero sobre todo, ¿bajo qué criterio considerarían que un crimen tan atroz podría pasar desapercibido?
Bajo la hipótesis de que la ejecución pudo haber sido efectuada por el grupo criminal Guerreros Unidos, ¿qué nivel de complicidad tendrían sus dirigentes con autoridades de los tres niveles de gobierno como para dar por hecho que podrían matar a 43 personas inocentes sin que hubiera consecuencias? Ese nivel de confianza sólo se puede obtener cuando se tiene la certeza de contar con protección de alto nivel.
Otra interrogante que viene a mi cabeza es acerca de la forma en que el gobierno federal manejó el asunto, que a final de cuentas se convirtió en motivo de las más severas críticas y la más ostentosa mancha a la reputación del ex Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué actuar con ese nivel de indolencia? Guerrero y en particular Iguala eran en ese entonces gobernados por un partido político distinto al del presidente, luego entonces ¿qué conveniencia o ganancia política podría representar para un gobierno priísta enturbiar la investigación sobre hechos ocurridos en territorio gobernado por el PRD? ¿A quién o quiénes de buscaba proteger?
En el caso del Ejército y la Marina, los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independienes (GIEi) apuntan a que ambas corporaciones mantenían una intensa labor de inteligencia en torno a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, llegando incluso al grado de espiarse entre sí, como quedó en evidencia con la revelación en abril pasado de una serie de videos tomados con un dron de la Marina donde se observa la presencia de elementos del Ejército y agentes federales en el basurero de Cocula- en el que según la “verdad histórica” presentada por el ex procurador Murillo Karam habrían incinerado los cadáveres de los normalistas- previo a la inspección oficial realizada por la propia fiscalía. Bajo ésta lógica, tanto soldados como policías ministeriales habrían recibido órdenes para alterar dicha escena; pero entonces, ¿quién dio la orden y con qué fin?
Es muy triste señalarlo, pero aún con la detención de los presuntos involucrados, la justicia parece aún lejana para las familias y deudos de los normalistas. Y obviamente, el elemento político podría retrasar aún más el cabal esclarecimiento de los hechos.
Adicionalmente, a nivel institucional, no se ha hecho un trabajo oficial suficiente, documentado y pertinente para evitar que un incidente tan penoso como el de los normalistas de Iguala pudiera volver a repetirse.
Porque en un país con los elevados niveles de violencia criminal que hemos alcanzado, y con el ostensible control territorial que siguen mostrando las bandas criminarles en distintas zonas del país, por más que lo minimice el presente régimen, todos los días estamos expuestos al potencial riesgo de que se registre un episodio similar.
Las piezas están dispuestas, y como ya se vio, bastan algunas malas decisiones de un jefe criminal, de un jefe policiaco, de mandos medios militares o hasta de un alcalde, para que un nuevo episodio para la vergüenza nacional e internacional.
Más allá de la verdad sobre Ayotzinapa, sea la que ésta sea, tal pareciera que como sociedad y gobierno no aprendimos nada del doloroso episodio de los 43 normalistas.
Twitter: @miguelisidro
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